Alfonso Gallardo no se anda con pequeñeces a la hora de responder con contundencia a las huelgas. Si ayer dio marcha atrás en su propuesta de rebajar de 237 a 151 los despidos en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Siderúrgica Balboa, en junio del 2002 respondió a una movilización similar, en aquella ocasión por la falta de acuerdo sobre la renovación del convenio, con un cierre patronal que dejó en la calle a 700 trabajadores durante un mes.
La empresa se justificó entonces asegurando que, ante la huelga, el cierre era la única forma de garantizar la seguridad e integridad de los trabajadores, en supuesto peligro con los servicios mínimos. A petición de los sindicatos, la Junta requirió la reapertura de la planta, por entender que no estaba justificada, a lo que Gallardo respondió pidiendo que se fijaran los servicios mínimos. Aludiendo que esa no era su competencia y basándose en la importancia de la firma para la economía regional, el Gobierno extremeño impuso un arbitraje forzoso que no logró la vuelta a la normalidad hasta 45 días después, si bien la siderúrgica había empezado a funcionar un poco antes con una cuarta parte de su plantilla.
