Otra de las peticiones que el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, trasladó ayer a los máximos representantes de las 25 entidades bancarias que operan en la región, es su implicación para conseguir ayudas estatales para la compra de 754 viviendas de protección oficial (VPO) aún sin construir, ya que el Ministerio de Fomento prevé su retirada a partir del uno de enero del próximo año.

Según explicó el consejero de Fomento, José Luis Quintana, al término del encuentro, la suspensión de las ayudas estatales a la compra de viviendas de promoción pública es una de las medidas anticrisis del Gobierno central. El real decreto que las suprime entrará en vigor en unos días, pero con una disposición adicional que establece que todas las personas que hayan formalizado una hipoteca antes del día 31 de este mes aunque las obras de la vivienda no se hayan iniciado todavía, tendrán derecho a percibir este dinero con dos requisitos: obtener una calificación previa de la Junta y que la entidad bancaria con la que se ha formalizado el crédito haya solicitado el cupo correspondiente. La solicitud urgente de este cupo es lo que se ha pedido a bancos y cajas en la reunión.

Según los datos proporcionados por Quintana, serían 754 los extremeños que podrían beneficiarse de esta medida, puesto que son 754 las VPO que actualmente tienen proyectadas 27 promotores en 23 localidades distintas, muchas de ellas sin ni siquiera licencia de obra. El crédito total que requieren asciende a 55 millones de euros, de los que más de ocho serían aportados por las ayudas del Ministerio de Fomento y su construcción supone la creación de 1.500 empleos.

Con respecto a las ayudas, Quintana aclaró que las únicas que se suspenden son las que otorga el Gobierno central, que oscilan entre los 7.000 y 11.000 euros, dependiendo de las condiciones personales --edad, grado de discapacidad, etc.-- y el umbral de ingresos del comprador. No ocurre lo mismo con las ayudas que otorga en este sentido la Administración regional, que de cuantía económica menor, siguen manteniéndose, según el consejero. En su día, el Gobierno central no proporcionó los datos referidos al ahorro que supondría la supresión de las ayudas a la compra de VPO, pero sí cifró en 507 millones el desembolso que supusieron en el 2009.