El director de la Agencia de la Vivienda, Javier Corominas, advirtió ayer de "movimientos especulativos" en ciertas ciudades extremeñas gobernadas por el PP, centrando su acusación en los ayuntamientos de Mérida y Cáceres donde, a su juicio, se estarían incumpliendo las normas urbanísticas. Desde la capital extremeña se respondió a Corominas instándole a llevar sus acusaciones ante el juez, mientras el consistorio cacereño recordaba que el plan urbanístico aún está en tramitación y debe pasar por la aprobación de la Junta.

En rueda de prensa, Corominas explicó que se están llevando a cabo planes urbanísticos "sobredimensionados sin ninguna justificación". El responsable de la Agencia de la Vivienda aseguró: "Ahora no me atrevo a decir con tanta rotundidad la opinión que siempre he defendido de que en Extremadura no había problemas urbanísticos".

Por ello, manifestó que los juristas de la Agencia y los de la Junta están estudiando medidas legales contra los posibles "incumplimientos", aunque no descartó que la situación pueda arreglarse mediante el diálogo. También anunció que su departamento exigirá que en los planes parciales se conozca, con cinco años de antelación, los movimientos que se han hecho en el Registro de la Propiedad, con la finalidad de que el ciudadano sepa si la compra del suelo ha beneficiado a alguien.

5.000 MILLONES En el caso concreto de Mérida, Corominas citó nueve actuaciones urbanísticas donde el ayuntamiento habría incumplido la legalidad, al no ceder el 25% del suelo para vivienda protegida. Con ello "se le ha hurtado a 500 ciudadanos el acceso a la vivienda protegida, y eso ha comportado un enriquecimiento de promotores particulares por 5.000 millones de pesetas (30 millones de euros)".

El responsable extremeño de vivienda acusó al consistorio emeritense de haber iniciado una "rebelión urbanística", saltándose la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (Lesotex).

Asimismo, aludió a actuaciones como la de la construcción de una residencia geriátrica de iniciativa privada en Los Bodegones, o el plan de uso del solar que ocupaba el cuartel de artillería, donde el ayuntamiento emeritense estaría incurriendo en "manifiesto fraude de ley", al no contar con la autorización de la Junta para aprobar los planes.

Respecto a Cáceres, las críticas de Corominas fueron más breves, pero de similar gravedad, ya que aseguró que en esa ciudad "se ha desplazado la línea de calificación (del suelo) en función de las compras (de los solares)".

RESPUESTA La respuesta no se hizo esperar. En Mérida, la portavoz municipal, Pilar Vargas, invitó y exigió a la Agencia de la Vivienda a que inicie medidas legales contra los supuestos incumplimientos urbanísticos "porque es su obligación como ciudadanos". En todo caso, se mostró convencida de que no se acudirá a los tribunales, porque "ya lo habrían hecho" y señaló que todo forma parte de una estrategia del "difama que algo queda", que "irá a peor" cuanto más se acercen las elecciones.

"Espero que cursen las acciones legales, porque volverán a quedar en ridículo, igual que ocurrió a principios del pasado verano cuando dijeron que el Ayuntamiento de Mérida no había presentado determinados documentos", manifestó en referencia al conflicto surgido con los proyectos del geriátrico, el cuartel y la ciudad deportiva.

Sobre la acusación de incumplir la cesión del 25% del suelo para vivienda protegida, la portavoz municipal emeritense reiteró que tal cesión "no se cumple porque la propia Lesotex dice que los planes urbanísticos aprobados con anterioridad a la ley seguirán vigentes", y el de Mérida es previo a la ley "y fue aprobado por la Junta".

Respecto a Cáceres, el concejal delegado de Urbanismo, José Antonio Villa, también rechazó las acusaciones recordando que el plan urbanístico está aún en fase de estudio de las alegaciones, "y en todo caso tiene que ser aprobado por la Junta".

Villa sentenció: "Si hay alguna actuación arbitraria y tendenciosa, ha sido la de la Junta, y si no que se lo pregunten a los afectados por la línea que marcaba el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG)" de los terrenos protegidos cercanos a la ciudad, aplaudido por un departamento de la Junta y rechazado por otro, "lo que induce a confusión".

El edil cacereño aseguró: "Ese ha sido el único desplazamiento de la línea de suelo urbanizable, así que no venga alguien que busca su oportunidad de cara a mayo a sacar los pies del tiesto". Según recordó, fue la Dirección General de Medio Ambiente la que marcó los límites en el borrador del PRUG "y el ayuntamiento se adaptó". Sin embargo, este borrador se dejó luego sin efecto, por un enfrentamiento entre Medio Ambiente y la Agencia de la Vivienda.