El coste del suelo sobre el precio total de una vivienda de renta libre supone entre un 30 y un 40%, mientras que en un inmueble de protección oficial el coste puede alcanzar el 25%, según los datos que maneja la asociación de promotores cacereños.

En cuanto a las viviendas de protección oficial (VPO), el presidente del colectivo, Juan Antonio Salgado, incide especialmente en el elevado coste del suelo, cuando asegura que legalmente debería rondar el 15% incluida la urbanización.

En la actualidad el valor de urbanización por vivienda está entre 6.010 euros (un millón de pesetas) y 7.212 euros (1.200.000 pesetas), cifra a la que hay que sumar el suelo.

Este es el principal problema, según Salgado, de que no se construyan viviendas de protección oficial a menos que no estén acogidas a la Ley del Kilómetro, la cual permite adquirir terrenos rústicos que han pasado a ser urbanizables.

"Es la única forma de construir VPO, ya que en los demás suelos la repercusión llega a ser del 25%. En algunas zonas de la región se ha llegado hasta un 40%, lo que supone una repercusión de 51.000 euros (8,5 millones de pesetas) o más de 60.000 euros (10 millones de pesetas)", sostiene el presidente de la Asociación de Promotores de Cáceres.

OFERTA Y DEMANDA

Así, para Salgado se trata de un problema de oferta y demanda. "Existe una gran demanda y la única forma de poder reducirla es con una mayor oferta de suelo". Para ello, el presidente del colectivo cacereño propone una liberalización del suelo, "con el objetivo de tener más terreno que poder poner en el mercado, lo que también permitirá la construcción de más viviendas".

Otro de los inconvenientes que apunta Salgado es el proceso de gestión de las administraciones "que actualmente es muy lento".