Es la queja más recurrente de los agricultores en los últimos tiempos. Es, de hecho, la que principal motivó su movilización de ayer: la desmesurada diferencia entre los precios de los alimentos en origen y en destino como consecuencia, denuncian, de la manipulación de las empresas de distribución y comercialización. Sin embargo, varios estudios encargados por el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino sobre la cadena de valor de distintos productos cuestionan ese planteamiento. Según los mismos --elaborados, de acuerdo con sus promotores, para "fomentar una reflexión conjunta sobre la estructura del sector y el proceso de elaboración de los precios"--, cada uno de los eslabones de la cadena de producción recibe su parte de beneficio.
Ya en algunas ocasiones la ministra del ramo, Elena Espinosa (en la foto) --responsable también en la anterior legislatura del entonces Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación-- ha manifestado que la crisis de precios en el sector agroganadero no estaba vinculada a los márgenes comerciales, sino a desajustes puntuales en el mercado. En mayo del año pasado, sin embargo, Espinosa sí que admitió que podía haber abusos "en algún caso concreto", pero, tras indicar que la Administración denunciaba ese tipo de incidencias ante la Comisión Nacional de la Competencia, recordó que entre el productor y el lineal del supermercado hay muchas etapas y cada una de ellas interviene en el incremento del producto.
Con datos objetivos
Para abordar esta cuestión con datos objetivos, el ministerio encargó, a través del Observatorio de Precios, una serie de estudios sobre la cadena de valor de varios productos a diferentes consultoras. Estos informes fueron presentados hace unos meses por el director general de Industria y Mercados Alimentarios, Francisco Mombiela, que es partidario de que los productores se impliquen más en la cadena de valor y refuercen el papel de sus entidades asociativas para mejorar su capacidad de negociación.
Solo para los cítricos (naranja, limón y clementina), el estudio identifica siete intermediarios entre que la fruta sale del campo y llega a la tienda, sin contar con las tareas de recolección. En este proceso participan, según el informe: el productor, el corredor, la central hortofrutícola, el operador logístico, el mayorista, otro operador logístico y, finalmente, el establecimiento comercial.
El informe constata que todos estos agentes obtienen un beneficio, si bien reconoce que la producción es la etapa más sensible a las posibles variaciones del precio, sobre todo cuanto más atomizado está el sector. En cambio, indica que "en las etapas de comercialización en destino y venta, fundamentalmente en la distribución moderna, los agentes tienen mayor tamaño, gestionan mayores volúmenes y comercializan una amplia gama de productos, por lo que son capaces de amortiguar las fluctuaciones de los precios".
Esto explicaría por qué el precio para el consumidor no baja, pese a que el productor reciba menos dinero. De hecho, el ministerio destaca como conclusión principal que el proceso de formación de precios no solo está basado en los costes, sino "que fundamentalmente depende de la oferta y la demanda". Además, apunta que "los requerimientos del consumidor" --que sobre todo valora el producto en función de su aspecto visual y presentación-- requieren grandes instalaciones de tratamiento de la fruta en origen, lo que al final repercute en su precio final.
Algo similar ocurre con los estudios sobre la cadena de valor de la leche o el cordero --los tres presentados este año, aunque ya hay otros en marcha y en el 2008 se publicó el de los frescos--. En el primer caso, el informe revela el complejo circuito que requiere la comercialización de este producto, que el ministerio insta a simplificar para reducir el coste final.
Por lo que respecta al ovino, el estudio detalla que las actividades de transformación conllevan unas importantes pérdidas de peso que incrementan el precio por kilogramo, si bien es en las fases de cría y cebo en las que se afrontan los mayores costes. De hecho, en la presentación de este informe Mombiela destacó que de no ser de la subvención vinculada a la producción ovina (del 50%), el ganadero obtendría una rentabilidad negativa.
