El suministro de butano puede verse amenazado en pequeños núcleos de población extremeños a partir del mes de marzo si el Ministerio de Industria no acomete las reformas que, desde hace varios años, reclaman los distribuidores de gases licuados del petróleo para salvar al sector. "La irrupción del gas natural y liberalización ficticia del mercado" --con la entrada en escena de Cepsa, Galp, Atlas y Disa-- son para Antonio Ramos de las Heras, representante de la Asociación de Empresas de Gases Licuados de Badajoz, las causas de la comprometida situación que atraviesan en la actualidad. Los ciudadanos de a pie pueden ser los principales damnificados si el Gobierno central no acomete inmediatamente la reestructuración que reclama el sector, avalada por diversos estudios de universidades como la de Navarra.

Aunque la Federación Española de Asociaciones Provinciales de Empresas Distribuidoras de Gases Licuados del Petróleo (Fedglp) apunta a los grandes núcleos urbanos como los que más problemas de suministro podrían padecer de no poner remedio a la crisis, "en Extremadura podría afectar más a las zonas rurales, los pueblos más pequeños, de un máximo de 2.000 a 3.000 habitantes, porque son las zonas menos rentables desde el punto de vista empresarial", sostiene Ramos.

LOS MENOS RENTABLES El principal motivo es que desplazarse con el camión hasta un pueblo es menos rentable que efectuar el reparto en ciudad, donde en el mismo tiempo pueden repartir más botellas de butano y el coste de desplazamiento es menor. "Ahora estamos en temporada alta y eso nos permite salvar la situación, pero una vez que se inicie la peor época, desde marzo a septiembre debido al tradicional descenso de las ventas con la llegada del buen tiempo, comenzarán los verdaderos problemas", vaticina. A esto hay que añadir que, mientras que antes llegaban a repartir entre 40 y 60 botellas en un pueblo de 2.000 a 3.000 habitantes, ahora las ventas han descendido a la mitad en zonas rurales, "lo que resta aún más rentabilidad a actuar allí", explica Ramos.

Como consecuencia de esto, y "si no se atienden nuestras peticiones, será inevitable la situación de desabastecimiento en estas zonas porque en vez de efectuar el reparto dos o tres veces por semana como puede hacerse en la actualidad, lo haremos cuando acumulemos reservas suficiente para rentabilizar el viaje". En todo caso, Ramos espera que esta situación no llegue a producirse y que el ministerio se siente a hablar y cumpla con la revisión trimestral de costes que pactaron en el 2002.

La federación no descarta que los problemas de desabastecimiento que pueden surgir vengan emparejados a recortes de plantilla en algunas de las cuarenta agencias que operan actualmente en la región y en las que trabajan directamente cerca de 300 empleados.

La problemática con el butano es especialmente sensible porque sus principales usuarios en la región son familias de clase media-baja. Precisamente en esta cuestión se apoya el Gobierno central para negarse al incremento de precios que reclaman como medida para acabar con la situación "asfixiante" del sector.

REIVINDICACION LOGICA Por su parte el representante de la federación de distribuidores pacense se queja de que esta reivindicación es algo lógico que ya se ha acometido en otros países de Europa, afectados igualmente por la irrupción de nuevas energías. Una bombona de butano en España ronda los 12 euros, mientras que en en la vecina Portugal, el mismo producto ya alcanza los 21 euros.

Los distribuidores aseguran que se están comiendo su propio patrimonio y que la situación no se sostendrá por mucho más tiempo. El año pasado cerró una empresa por semana en España. En la región, al menos dos agencias han echado el cierre en la provincia pacense, según la federación. También en Cáceres algunos distribuidores recuerdan la quiebra de varios compañeros de trabajo en los últimos doce meses. "Este tipo de cierres no benefician a nadie, porque si ya resulta caro atender la demanda que tenemos, al asumir la de los clientes de otra empresa aún iremos peor", reivindica Ramos.