La crisis económica está teniendo un impacto negativo sobre el mercado laboral extremeño, no solo en lo que se refiere a la ya conocida destrucción de empleo, sino también a la degradación de las condiciones laborales. Un indicador de este deterioro es el crecimiento que están experimentando las contrataciones fraudulentas en Extremadura. Según datos facilitados ayer por la consejera de Igualdad y Empleo, Pilar Lucio, con motivo de la reunión que mantuvo con los directores provinciales de las inspecciones de trabajo, los contratos irregulares han crecido un 30% en lo que va de año, en lo que se refiere a trabajadores que no se dan de alta, salarios inferiores a los legales, malas condiciones de seguridad y salud o extranjeros sin permiso laboral.

Este aumento se encuentra muy concentrado en los sectores de la construcción, la hostelería y el comercio, y especialmente en la agricultura, con un incremento del 52% de los datos detectados en lo que va de año con respecto al 2008. Así, se han verificado 1.841 irregularidades en el sector de la construcción, 1.375 en la hostelería, 1.141 en el comercio, y 584 en el campo.

La actividad fiscalizadora de la realidad laboral extremeña ha propiciado además que 1.217 trabajadores que se encontraban en una situación irregular hayan podido darse de alta en la Seguridad Social, lo que supone un incremento del 75,36% con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando fueron 614, y el doble que en todo el 2008. Al mismo tiempo, 900 contratos temporales han pasado a ser indefinidos.

Estas cifras podrían ser más elevadas, a juicio de los sindicatos, si la plantilla actual de inspectores de trabajo fuera más amplia. Tanto UGT como CCOO consideran que las 15 personas que se encargan de esta labor para atender a las empresas de toda la región, son del todo insuficientes. El secretario de Formación y Empleo de CCOO, Miguel Coque, estima que estos inspectores no tienen capacidad para llegar ni siquiera al 5% del total de los centros de trabajo de toda la comunidad. A su juicio, los datos revelados ayer ponen de manifiesto la necesidad de incrementar las inspecciones, y aplaude la iniciativa de publicar las cifras con el fin de erradicar la sensación de impunidad extendida entre los empresarios y los trabajadores que contratan o trabajan de forma irregular.

MEDIOS INSUFICIENTES Asimismo, recuerda que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no ha cumplido su compromiso de aumentar las plantillas de inspectores, sobre quienes dijo que "se están dejando la vida" por abarcar el máximo posible, señala Coque. Para hacer más eficaz su labor, tal vez sería mejor una mayor concienciación de los propios trabajadores a la hora de evidenciar situaciones irregulares, puesto que solo el 10% de las investigaciones que inicia Trabajo se derivan de una denuncia.

La posición que defiende la secretaria de Acción Sindical y Empleo de UGT, Rosario Riñones, va en la misma línea. "Los medios humanos de la inspección son muy escasos", algo que impide llegar a la dimensión real de la situación. "Hay mucho todavía que sacar a la luz". También ve positivo que el paso dado por las administraciones para publicar las cifras del fraude, ya que considera que este asunto siempre ha tenido un tratamiento un tanto oscurantista. "Hasta ahora nadie ha querido coger el toro por los cuernos".

Miguel Coque va más allá y espera que a partir de ahora se ponga en práctica un ejercicio de "corresponsabilidad" entre empresarios y trabajadores.

Sin embargo, considera que si hay una parte que debe cargar más con las consecuencias de las irregularidades este debe ser el de la patronal. A su juicio, son los "malos empresarios" quienes tienen la "sartén por el mango" a la hora de contratar ilegalmente a un trabajador.

REFUGIO A LA CRISIS Desde ambos sindicatos coinciden en que la economía sumergida se ha convertido en refugio de quienes más están sufriendo las consecuencias de la situación económica, pero también advierten que hay algunos empresarios que se están aprovechando de la situación en su propio beneficio.

Un informe de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), indica que el 60% de los trabajadores que se encuentran en la economía sumergida eran asalariados que han perdido su empleo. Además, uno de cada cinco se apoyaban en fórmulas irregulares de trabajo como complemento a sus ingresos, a modo de sobresueldo.