Viernes, 28 de agosto, a las nueve de la mañana. El lugar, la sede de la Presidencia de la Junta, en Mérida. Este es el escenario de la primera reunión del Consejo de Gobierno extremeño tras las vacaciones estivales. El jefe del ejecutivo, Guillermo Fernández Vara, comparte mesa con sus consejeros, a quienes les hace un encargo que marcará toda la actividad de la administración autonómica al menos durante el año 2010: priorizar necesidades y recortar gastos en partidas ya aprobadas que, por el momento, no podrán ejecutarse.

Esta es la principal consecuencia de la crisis económica sobre las cuentas generales de la comunidad autónoma, que el próximo año sufrirán un recorte de entre el 3% y el 5% con respecto a las cifras del año en curso, aunque hasta mediados de octubre no se conocerá la cifra definitiva cuando se presente el proyecto de las cuentas autonómicas antes de iniciar su trámite parlamentario. Este descenso presupuestario es una circunstancia que no ocurría desde el año 1997. La razón la ofreció el propio presidente a la salida de la reunión con los miembros de su gobierno. Este año, la hacienda extremeña va a ingresar 658 millones de euros menos en las entregas a cuenta que el Estado realiza a la comunidad autónoma de los fondos procedentes de los impuestos. Es decir, que la parálisis que sufre la actividad económica ha provocado un retroceso del 18% en la recaudación a través de los impuestos.

El presupuesto que maneja en 2009 la comunidad es de 5.769 millones de euros, unas cuentas elaboradas a finales del 2008, en pleno auge de la crisis económica. Aunque entonces no se certificó el retroceso de este año, se dejó entrever que la capacidad recaudatoria de la administración estaba muy mermada. Hasta entonces, el presupuesto regional mantenía un crecimiento anual constante que rondaba el 10%, mientras que las cifras del 2009 solo habían crecido un 4,3%.

Con estos datos sobre la mesa, Vara avanzó que la austeridad y la reducción en el gasto no serán suficientes para mantener el actual nivel de bienestar, por lo que defendió nuevamente la necesidad de subir los impuestos, con el fin de aumentar una recaudación que garantice la prestación de los servicios más básicos y esenciales, y reiteró, como lo ha venido haciendo en las últimas fechas, que deben ser los que más tienen aquellos que deban pagar más. "En tiempos difíciles se paga según se tiene y se recibe según se necesita", dijo.

En su opinión, una inminente revisión de los impuestos conllevaría aparejada una liberación de la carga que supone la crisis actual a nuestros hijos: "no se puede traspasar a las generaciones que vengan detrás las consecuencias de la crisis".

En este contexto, el presidente extremeño subrayó que la situación sería aún más preocupante si finalmente no se hubiera alcanzado un acuerdo sobre el modelo de financiación autonómica, y dijo que sin este pacto Extremadura tendría que sumar los 410 millones que le corresponden a las cifras que este año ha dejado de ingresar a través de los impuestos. Otra de sus consecuencias es que los aproximadamente 280 millones de euros que el Estado ingreso en las cuentas regionales correspondientes al 2008 (enmarcados en los 6.000 millones que el Gobierno central reclama a las comunidades autónomas), se podrá devolver en cuatro años.