La noticia adelantada ayer por EL PERIODICO EXTREMADURA sorprendió a algunos de los adjudicatarios que obtuvieron las frecuencias de radio en 1998. Aunque una primera sentencia del TSJEx sólo reconocía que el proceso de baremación era válido en una de las nueve licencias que saleron a concurso, la resolución del Supremo ha suscitado cierto temor a que, con la calificación de los 43 proyectos finalistas, algunas de las emisoras cambien de propiedad. Adjudicatarios consultados por este diario no se han planteado opción de recurrir esta sentencia aunque han iniciado, o iniciarán en breve, contactos con la Administración regional para conocer la nueva situación y en que medida les afecta. "Desconocemos si hay que volver a presentar el proyecto o si la documentación ya presentada es válida", han manifestado.
Otro de los adjudicatarios en el concurso con una emisora se mostró ayer muy contrariado con la decisión del Tribunal Supremo. "De esto comemos cinco personas. ¿Qué va a pasar ahora si nos quitan la emisora? La Junta tendrá que indemnizarnos", explicó. Se trata de una emisora que tiene unos compromisos laborales con trabajadores y ha realizado importantes inversiones en equipamiento técnico en los últimos años. Si la Junta barema de nuevo y le otorga la frecuencia a otro aspirante, este empresario desconoce cómo se va a resolver el conflicto. "¿Nos van a quitar ahora esto después de las inversiones millonarias que hemos hecho?".
Este mismo empresario critica que la Junta no creara en su día un sistema de seguimiento de los compromisos en los que incurrieron los adjudicatarios, como el de contratar a minusválidos, no vender la frecuencia a un tercero o no asociar la emisora a una cadena nacional. "No hay seguimiento posterior al concurso", explica este adjudicatario. "Voy a llegar hasta las últimas consecuencias", remacha. De todas las frecuencias otorgadas, sólo las dos de Icaro (Moraleja y Valencia de Alcántara) no están asociadas a ninguna cadena.
