Si usted no es un trabajador por cuenta ajena que gane menos de 15.000 euros al año, o un joven menor de 35 años que compre una casa de protección pública y gane menos de 18.000 euros anuales o no dona algún bien al patrimonio cultural, no se haga ilusiones, porque no accederá a ninguna deducción del IRPF en su tramo regional.

Esas son las tres únicas rebajas fiscales que contempla la normativa extremeña, cuantificadas en 120 euros para el primer caso, el 3% de lo pagado para comprar la vivienda en el segundo y el 10% del valor de lo donado en el tercero.

La ley, que cumple ahora dos años, fue ampliamente cuestionada cuando pasó por el Consejo Económico y Social. En su dictamen, el CES señaló que las deducciones estaban bien, pero que las condiciones que se fijaban para tener derecho a ellas eran tan restrictivas que su efecto sería muy limitado, ya que pocos contribuyentes estarían en situación de disfrutarlas.

Además, se sugirió sin éxito que se abriese otro abanico de beneficios fiscales, precisamente enfocados hacia las familias, y que contemplasen aspectos tales como los nacimientos, las adopciones o el acogimiento de mayores o minusválidos.

Estas sugerencias cayeron en saco roto, y la Junta mantuvo la norma como estaba.

Además, se aseguró desde el Ejecutivo regional que las desgravaciones no eran restrictivas, porque beneficiarían a 140.000 extremeños, aunque posteriormente se rebajó esta cifra hasta 77.000.

Con todo, el mejor baremo para medir el impacto de las rebajas es el llamado gasto fiscal , es decir, lo que se deja de ingresar por aplicar beneficios fiscales. Según el presupuesto regional, en el caso del IRPF este gasto es de 9,5 millones, poco más del 4% de la recaudación del impuesto.

Por comparar, el gasto fiscal en tributos como sucesiones y donaciones o patrimonio alcanza o supera el 40% de la recaudación, y en transmisiones se eleva hasta el 15%.