Los extremeños presentaron el año pasado un total de 418 quejas ante el Defensor del Pueblo. La institución presidida por Enrique Múgica estudió casos de la más diversa índole en la comunidad autónoma, que van desde un presunto acoso laboral en la Junta de Extremadura a las condiciones de trabajo en la prisión de Badajoz pasando por una posible indemnización a la familia de un exalcalde de Plasencia. A raíz de sus investigaciones y de los expedientes abiertos la institución recriminó , en diversos grados, a una decena de instituciones extremeñas, en concreto a la Junta y a nueve ayuntamientos.
Estos datos reflejan un descenso en los apercibimientos a las administraciones de la comunidad autónoma, puesto que en el 2003 este mismo organismo criticó la actuación de hasta 14 municipios de la región.
En primer lugar, el documento denuncia la falta de colaboración de algunas instituciones públicas con el Defensor del Pueblo. En esta línea, las divide entre las que ni siquiera responden a sus continuos requerimientos y las que únicamente lo hacen después de tres avisos. En este último grupo incluye a la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura y a los ayuntamientos de Badajoz, Coria, Jaraíz de la Vera, Mérida, Nuñomoral y Villanueva de la Serena.
TEMATICA VARIADA Las peticiones de información se refieren a asuntos como la adjudicación de una vivienda (Fomento), la situación administrativa del aeródromo El Manantío (Badajoz), la fiesta de los Sanjuanes (Coria), el posible delito de una empresa de seguros (Jaraíz de la Vera), el uso de terrenos públicos para construir (Mérida), la licencia de apertura de un corral de cabras (Nuñomoral) y la posible irregularidad de unas obras (Villanueva de la Serena). En la mayoría de estos expedientes la información requerida llegó con más de un año de retraso.
Asimismo, la institución, como cada año, realizó una serie de recomendaciones, sugerencias y recordatorio de deberes legales. En esta ocasión ninguna Administración extremeña ha rechazado las indicaciones realizadas por Enrique Múgica, aunque algunos de sus mandatos continúan pendientes.
ADMITIDAS Entre las recomendaciones admitidas, el Ayuntamiento de Plasencia se comprometió a comprobar el nivel de ruido que generaba un local para, según los resultados, decidir si la actividad que se estaba desarrollando necesitaba estar sometida a licencia y, por lo tanto, a un control específico. También aceptó, en este caso el consistorio de Azuaga, el llamamiento realizado por la institución para garantizar que los funcionarios cobren puntualmente sus retribuciones, puesto que se habían detectado retrasos.
Por otra parte, emitió a las administraciones de la región tres de los denominados "recordatorios de deberes legales".
Pasa a la página siguiente
