La delincuencia ha aumentado en la región durante los dos últimos años. Así lo confirman los últimos datos remitidos por el Ministerio del Interior al Congreso de los Diputados y al Senado, puesto que en este periodo la Delegación del Gobierno no ha ofrecido ninguna estadística de este tipo debido, algo que los sindicatos policiales denominan el apagón informativo .

El último informe de Interior revela que el año pasado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado conocieron 29.791 infracciones penales, una cifra que incluye tanto las faltas como los delitos. Esto supone un incremento del 9,2% con respecto al 2003, cuando el número de casos se situó en 27.270.

Además, los datos indican que en este periodo --los dos años desde la llegada del PSOE al Gobierno central-- el incremento ha sido prácticamente constante y se ha registrado en los dos últimos años. En el 2004 fue del 3,9% y en el 2005 alcanzó el 5%.

Por lo que se refiere a la tipología de los casos, el año pasado se produjeron en la comunidad autónoma 13.076 delitos y 16.715 faltas. Los más habituales son los que van contra el patrimonio (más de 21.000) y las personas (más de 5.500), aunque también se registraron varios centenares de delitos contra la libertad, la seguridad colectiva, el orden público o la Administración de Justicia.

ANALISIS DE LAS CAUSAS A la hora de valorar estos datos, el portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), Rodrigo Gavilán, destacó que el incremento de la inseguridad en toda España, y también en Extremadura, tiene dos causas principales. La primera, que "mantiene abierta la esclusa del Pirineo catalán", por donde, por ejemplo, "entraron el año pasado una media de 500 rumanos diarios" y "entran y salen sin problemas delincuentes de los países del este". Gavilán aclaró que esto no quiere decir que todos los extranjeros sean delincuentes, ya que sólo es un pequeño porcentaje, pero sí que hay que controlar la entrada de inmigrantes ilegales en el país.

A esto se suma lo que el CEP define como "resistencia a la intervención". A su juicio, en estos momentos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado evitan en lo posible la intervención policial porque se encuentran desprotegidos ante las denuncias y agresiones de los delincuentes. "Te arriesgas a que te denuncien falsamente y a encontrarte solo en un tribunal, y si no te denuncian te agreden y se enfrentan a multas de unos 30 euros", indicó el portavoz del CEP.

SIN MAS POLICIAS Rodrigo Gavilán tiene claro que si se solucionan esos dos problemas --tránsito incontrolado por el Pirineo catalán e indefensión de los agentes-- la delincuencia se reducirá en Extremadura, al igual que en el resto de España. "Porque Extremadura no necesita más policías, eso es falso, lo que hay que hacer es solucionar los problemas que hay", aseveró.

Por lo que se refiere a la dificultad de lograr algún balance sobre los índices de delincuencia en la comunidad, tanto la Confederación Española de Policía (CEP) como el Sindicato Unificado de Policía (SUP) explican que desde que el PSOE llegó al Gobierno de Madrid se produjo un apagón informativo . Esto se ha traducido, incluso, en el envío de circulares a los responsables policiales de las diferentes comunidades autónomas para que no se facilitase ningún dato sobre este asunto.

ORDEN OFICIAL En concreto, en un oficio remitido en junio del año pasado por la Subdirección General Operativa del Ministerio del Interior a los comisarios, jefes superiores de policía y delegados del Gobierno de toda España se recordaba que "todo lo relativo a la coordinación y ejecución del Programa Estadístico de Seguridad corresponde a la Secretaría de Estado".

El escrito, al que ha tenido acceso este diario, añadía que ningún organismo "podrá facilitar datos estadísticos de criminalidad sin que se reciba autorización expresa de la Secretaría de Estado de Seguridad".

Para el CEP este documento es "una mordaza" para evitar que se filtren los datos sobre los índices de delincuencia "y poder tenerlo todo controlado". A esto se suma, a su juicio, "un principio de desconfianza" hacia los entes regionales y locales en "un asunto que para ellos es muy peliagudo".