Siete Agrupaciones de Defensa Sanitaria de la provincia de Cáceres exigirán una indemnización millonaria a la Junta de Extremadura --a la que consideran máxima responsable--, al Ministerio de Agricultura y a la empresa pública estatal Tragsega por la presunta mala administración de una vacuna contra la brucelosis. En total, la reclamación, que ya ha sido puesta en manos de un despacho de abogados para que la traslade a los tribunales, podría alcanzar los 10 millones de euros y se centra en los abortos que habría provocado este medicamento.

De momento la denuncia ha sido presentada por la vía administrativa tanto ante la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente como ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa) y está suscrita por las Agrupaciones de Defensa Sanitaria de Oliva de Plasencia I; La Atalaya I (de Alagón); Las Praderas I (Guijo de Galisteo); El Puente (Morcillo); Los Negritos I (Montehermoso); La Ahigaleña (Ahigal); y San Sebastián I (Aceituna).

Según afirman los denunciantes en el documento, al que ha tenido acceso EL PERIODICO EXTREMADURA, la vacuna contra la brucelosis que se está administrando desde el año 2004 en los focos extremeños --la RB-51 -- ha provocado un volumen de abortos muy elevado. En concreto, aseguran que se podrían haber producido en torno a 10.000 abortos en reses de la provincia de Cáceres, aunque el número no está cerrado puesto que en estos momentos aún están recopilando un listado de casos en todos los municipios afectados. En sólo tres pueblos han confirmado ya 600 abortos con una tasa de incidencia del 22%.

VALORACION ECONOMICA El problema añadido es, según ellos, que la Junta, que cifra los abortos en poco más de 500, ha establecido una ayuda de 136 euros por caso cuando los ganaderos denunciantes consideran que la compensación debería rondar los 1.000 euros por res perdida. Así, avisan de que si la Administración no pone solución al problema interpondrán una demanda judicial en la que reclamarán una indemnización que rondará los 10 millones de euros.

La base de la reclamación parte de las propias instrucciones de uso de la RB-51 , una "vacuna viva atenuada contra la brucelosis en ganado bovino". En concreto, el prospecto incluye un aviso muy claro para su uso: "No vacunar hembras gestantes o machos reproductores".

En este sentido, los ganaderos afectados insisten en que esta vacuna "no está hecha para ser aplicada de forma masiva", por lo que los técnicos de Tragsega "la están utilizando de forma incorrecta" y están provocando una tasa de abortos "superior al 22%" en las localidades donde ya se ha analizado la situación.

En estos momentos, recalcan, la situación del ganado vacuno en las comarcas de Coria y Plasencia --en concreto en quince municipios-- es la de "un desastre de gran magnitud".

En la denuncia exigirán tres apartados: que no vuelva a aplicarse la RB-51 en ganado gestante: que se compensen los daños causados; y que se depuren responsabilidades "para evitar que se repita algo similar".