El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley de autonomía personal, que dotará de asistencia a todos aquellos que no pueden valerse por sí mismos. Se trata de un derecho universal que podrá ser exigido "administrativa y jurisdiccionalmente". Cuando el Sistema Nacional de Dependencia (SND) esté implantado definitivamente, en el 2015, el Gobierno y las comunidades autónomas invertirán una media de 375 euros al mes por cada dependiente, que se sumará al gasto actual. La "gigantesca" cifra es similar al sistema educativo ya que se aproxima al gasto medio por alumno. Según el texto, las personas que dedican su vida a atender a familiares enfermos recibirán formación y un sueldo. El objetivo es profesionalizarlos para que, una vez fallecido el dependiente, los cuidadores puedan ingresar en el mercado laboral de la dependencia.
La ley entrará en vigor en enero del 2007, y a partir de esa fecha todo español que lo requiera podrá solicitar la valoración de su nivel de dependencia. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, calificó el texto de "enorme avance social" y "verdadera revolución". "Es la ley más importante dirigida a las personas, y por su puesto también a sus familias", dijo el titular de Trabajo, que ya ha solicitado su comparecencia en el Congreso para explicar el proyecto de ley y los últimos cambios operados en el texto.
En España hay un millón de personas que necesitan ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria, como levantarse, asearse y comer.
CIFRAS EXTREMEÑAS Los últimos datos del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (Imserso) indican que un tercio de los extremeños mayores de 65 años, más de 67.000 personas, tienen problemas de dependencia, es decir, no pueden valerse por sí mismos en tareas diarias como comer, vestirse o desplazarse. De ellas, 15.000 tienen una alta dependencia.
El desarrollo de la ley le supondrá a medio plazo un importante desembolso anual tanto a las arcas nacionales como a las extremeñas. Para poner en marcha esta red asistencial el Ejecutivo ha previsto una dotación económica hasta el año 2015 de 13.000 millones de euros, que se sumará a otra cantidad similar por parte de las comunidades autónomas y que serán completadas por las aportaciones de los usuarios. Los cálculos apuntan a que en el 2015, el coste de los servicios en Extremadura ascenderá a unos 355 millones de euros anuales, una cantidad de la que aproximadamente el 30%, dependiendo de la situación de cada dependiente, será aportada por las familias.
Por otra parte, las estimaciones realizadas por la Administración señalan que la ley de dependencia generará en torno a 15.000 empleos en la región durante su fase de implantación.
El ministro insistió ayer en que la normativa también comporta el compromiso de intentar facilitar, en la medida de lo posible, la vida de todas las personas que hoy atienden a los dependientes. "Quiere también significar que la dependencia no puede ser una carga exclusivamente familiar, es un desafío social al que corresponde una decidida respuesta de los poderes públicos", aseguró.
Sobre los últimos cambios operados en el articulado, el titular de Trabajo comentó que los menores de 3 años con graves enfermedades y discapacidades tendrán también derecho a las prestaciones del sistema y que se han clarificado los niveles de protección. Se refuerza asimismo el derecho haciéndolo exigible administrativa y judicialmente, según comentó. En cuanto a la financiación señaló que se ha reforzado su suficiencia y garantía y que será sostenida al 50% entre Estado y comunidades autónomas.
El Consejo de Ministros también acordó ayer destinar un crédito de 200 millones de euros a las comunidades autónomas, para la realización de proyectos dirigidos a la atención de personas dependientes, de los que a Extremadura le corresponden 13,93 millones, de los que 6,59 millones serán para proyectos de atención a personas dependientes, y 7,33 millones para diferentes planes y programas sociales. Por su parte, las comunidades autónomas deben destinar a los programas la misma cantidad que les sea transferida.
El principal objetivo de estos proyectos es el de incrementar los servicios propios y concertados de las comunidades para que, cuando se inicie el reconocimiento de situaciones de dependencia en el marco de la ley, cuenten con el mayor número de servicios con los que prestar atención a las personas dependientes.
EXTREMADURA, PIONERA Ya en pasadas fechas, la consejera de Bienestar Social, Leonor Flores, aseguró que la región está preparada para aplicar la nueva ley estatal cuando se ponga en marcha el próximo mes de enero, dado que la comunidad cuenta con la cartera de servicios básica que establece la normativa.
Desde hace tiempo, la Administración regional trabaja en este campo y para ello, Bienestar Social y Sanidad y Consumo aprobaron un pionero plan integral de atención, a fin de adelantarse a la Ley de Dependencia, que contemplaba el copago en función de la renta. Es decir, ya se barajaba que el coste de la atención sería cofinanciado por la Administración y el usuario, que dependiendo de sus ingresos podría estar exento del pago.
