Guardia Civil, Policía Nacional y la Agencia Tributaria han detectado la existencia en Cáceres de una red nacional dedicada a lograr dinero fácil mediante el timo de los negocios piramidales. Este club de inversores tiene como centro de operaciones un restaurante situado en la N-630, a las afueras de la capital cacereña. La participación en este fraude obliga a sus participantes a desembolsar cantidades superiores a los 2.700 euros (450.000 pesetas) y a buscar cuatro nuevos socios para formar una cadena de dinero en un corto plazo de tiempo.

Aunque aún no se ha presentado ninguna denuncia, la Guardia Civil está sobreaviso. Según expertos del Ministerio del Interior consultados por este diario, se trata de una estafa a gran escala al contar con ramificaciones en todo el país y que coordina sus actuaciones desde Madrid.

Este negocio de dinero fácil puede llegar a mover cientos de millones de euros. Permite que los estafadores que se encuentran en la cima de la pirámide reciban las aportaciones de los socios que captan en el proceso, con la falsa promesa de poder multiplicar el dinero aportado.

DIFICIL LOCALIZACION

Según reseñaron ayer fuentes de la Agencia Tributaria de Cáceres, la detección de casos de fraudes piramidales se convierte en una labor casi imposible, a no ser que medie una denuncia para que se pueda proceder a una inspección.

Expertos fiscales consideran que los beneficios económicos de estas prácticas pueden aparecer recogidos en la declaración de la renta como resultado de una actividad empresarial. En el caso de no ser incluidos, estos ingresos estarían considerados como incrementos del patrimonio no justificados, a los que Hacienda aplica un fuerte gravamen y que son de la misma naturaleza que los no declarados por otros conceptos.

Por su parte, fuentes de la comisaría de Cáceres aclararon que no ha se ha formalizado aún ninguna denuncia, aunque reconocieron que "el tema está en la calle". En este sentido, añadieron que el fraude suele iniciarse a través de contactos en hoteles, por teléfono o por fax.

La dificultad para poder investigar estas prácticas radica en que, hasta que los inversores no dejan de percibir dinero, no acuden a la policía. "Suelen venir en cascada. Captan a gente de su entorno con el consiguiente daño personal", señalan.