Las empresas de multipropiedad o aprovechamiento por turnos --este último es su nombre legal-- consideran a Extremadura como zona de actuación prioritaria. Y es que la situación geográfica de la comunidad la sitúan, junto a Castilla-La Mancha, como una de las regiones donde más operan las entidades de este polémico sector, que según las asociaciones de consumidores está "bordeando la ilegalidad" constantemente. De hecho, actualmente hay al menos una decena de empresas que de forma continua organizan campañas de captación de clientes en la región, según las fuentes consultadas.
El tiempo compartido es un sistema que permite al cliente utilizar un alojamiento amueblado, en un inmueble turístico, durante un determinado periodo, normalmente una semana al año. En esta modalidad se ofertan especialmente apartamentos de la Costa del Sol y a lo largo de todo el Mediterráneo con precios que pueden llegar a alcanzar entre 3.000 y 18.000 euros por una reserva semanal de hasta 50 años.
El gran problema de esta práctica, totalmente legal y cuyos procedimientos están regulados por una ley de 1998, es que en muchas ocasiones los usuarios presentan denuncias por, entre otras cosas, publicidad engañosa, falta de información e incluso por las agresivas técnicas de venta utilizan las empresas de este sector.
Javier Rubio, presidente de la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) y Carlos Arjona, delegado de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), coinciden al señalar que se trata de un negocio "que está rayando la ilegalidad" y que depende en gran medida de un potente equipo jurídico que ayuda a las compañías a actuar siempre al límite de lo que permite la ley.
FALTA PRECAUCION
Por eso, avisan a los usuarios de que sean precavidos ante una modalidad, la del aprovechamiento vacacional por turnos, que sigue generando problemas año tras año. Se trata normalmente de empresas con domicilio en Andalucía, y de forma esporádica abren oficinas en alguna ciudad extremeña "para luego desaparecer sin dejar rastro", añade Arjona.
Entre las presuntas irregularidades que cometen está la de sortear la prohibición de percibir algún dinero como anticipo. Así, obligan al cliente a firmar una letra de cambio en blanco que luego utilizan para presionarle si quiere romper su contrato en el plazo de diez días que marca la ley.
Mientras, Javier Rubio alerta de un gasto añadido del que en principio no se informa adecuadamente: el del mantenimiento del inmueble. Esta partida se incrementa anualmente y puede llegar a alcanzar los 360 euros anuales, una cantidad que obliga a algunos usuarios a intentar a abandonar los derechos que han adquirido renunciando a lo pagado.
