La delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira, señaló ayer que los asentamientos ilegales de temporeros en la comunidad autónoma se han reducido tras las medidas puestas en marcha desde las administraciones para prohibir los campamentos en lugares no autorizados.
Así, señaló que a la norma autonómica que impide la acampada libre en lugares que no reúnan condiciones adecuadas de seguridad, salubridad e higiene, se sumarán como un "instrumento más" las ordenanzas elaboradas por los ayuntamientos para regular en sus términos municipales estos asentamientos. En algunos consistorios ya se han acordado, y en otros ya han sido aprobadas.
EFICACIA Pereira señaló que desde la Delegación del Gobierno en Extremadura se presta auxilio a las administraciones locales para levantar esos campamentos, "y eso es lo que hasta ahora estamos haciendo y de lo que estamos pendientes", dijo la delegada. Defendió asimismo que la eficacia de estas ordenanzas ya se ha demostrado en los municipios en los que ha entrado en vigor; y en aquellos en los que ha habido asentamientos en campamentos no autorizados, "se han levantado, a veces con necesidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y otras en las que no ha hecho falta", comentó.
La delegada del Gobierno señaló en este sentido la importancia de la difusión entre los temporeros de la prohibición de la acampada libre. "Si hay ciudadanos que quieren venir porque tienen permiso de residencia porque son ciudadanos europeos, que lo hagan, pero que alquilen viviendas o habitaciones", concluyó Carmen Pereira.
