Las numerosas reacciones provocadas por el anuncio de la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, en cuanto a las medidas de regularización que baraja el Gobierno en el futuro Reglamento de la Ley de Extranjería, han obligado al Ejecutivo central a realizar algunas puntualizaciones. No habrá una legalización general y para acogerse a esta medida el inmigrante deberá cumplir una serie de requisitos.

Como exigían desde diversos colectivos, el Gobierno convocará en septiembre la mesa de diálogo social para presentar a empresarios y sindicatos sus propuestas de regularización, unas medidas que sólo quiere aplicar con un gran consenso y que afectarán a aquellos inmigrantes llegados antes del cambio de Gobierno, informa Efe.

Es decir, no podrán acogerse a estas medidas los inmigrantes que lleguen en el futuro, puesto que para entrar en España necesitarán un contrato desde su país o un visado para buscar empleo. Según manifestó ayer el secretario general del grupo parlamentario socialista, Diego López Garrido, el objetivo del Gobierno es vincular trabajo con legalidad, pero puntualizó que las medidas sólo se tomarán "previo consenso de los agentes sociales y políticos", quienes evaluarán las propuestas antes de que se proyecten en el reglamento de extranjería.

Los que están

En un principio la regularización afectará a aquellos inmigrantes en situación ilegal y con empleo que entraron en España antes de que el PSOE ganara las elecciones, personas que "están en la economía española, y la economía española les necesita", sostienen desde el Gobierno, que considera que la situación de estos inmigrantes es la más difícil, ya que aunque están trabajando no tienen permiso de residencia "por la forma en la que entraron en España", lo que impide a los empresarios poder regularizar sus contratos.

"No podemos cerrar los ojos a esa situación, decir que son invisibles y que sigan así las cosas, porque esas personas están superexplotadas", señaló López Garrido, antes de resaltar también los efectos negativos: "desordenan" el mercado de trabajo español y ejerce un "efecto de llamada hacia otros trabajadores que piensan que pueden venir a España y estar eternamente aquí en situación ilegal".

En cuanto a los inmigrantes que puedan llegar a España en el futuro, a partir de ahora para tener legalizada su situación es necesario que tengan contratos en origen, o bien un visado de búsqueda de empleo. El Gobierno pretende así que el flujo migratorio obedezca a las necesidades reales de la economía.

"Tenemos que afrontar el problema heredado de situaciones de trabajo no regular, de creación de cada vez más bolsas de economía sumergida y situaciones de gueto, de exclusión social...", apuntó ayer el secretario general del grupo socialista.