Los grupos de extranjería de la policía nacional en Mérida y Badajoz han destapado una organización cuya finalidad era, presuntamente, cobrar a los inmigrantes --en su mayoría mujeres que ejercen en clubs de alterne-- por realizar trámites que son gratuitos. La investigación policial, iniciada hace meses, concluyó el jueves pasado con la detención de Angel González Pérez, de 37 años y presunto cabecilla de la red, y la ciudadana marroquí de 35 años R. S.. Los detenidos son, respectivamente, el responsable de la Asociación para la Defensa de los Derechos de los Inmigrantes y su Inserción en Extremadura (Addiiex) --ONG con sede en Mérida y que, supuestamente, servía de tapadera para los fraudes--, y la administrativa que trabaja en la organización.

Según fuentes policiales, la investigación arrancó cuando los policías del grupo de extranjeros, en sus inspecciones a ciertos clubs para determinar la situación legal de las mujeres, detectaron que muchas portaban declaraciones de entrada tramitadas por la misma persona. Estas fuentes explicaron que dicho documento, que da derecho a permanecer en España tres meses, prorrogables por otros tres, debe ser tramitado personalmente.

Además, las mujeres declararon que el detenido "manifestando ser abogado especializado en extranjería", cuando en realidad carece de título, les había asegurado que el documento les permitía estar en España tres años, y les habría cobrado cantidades que oscilan, entre los 60 y los 100 euros, para un trámite que es gratuito, "lo que constituye falsedad y fraude".

Pronto, la investigación apuntó a Addiiex, al denunciar además varias inmigrantes que habían sido estafadas por González, que, al margen de fingir que era abogado contaba con "una puesta en escena adecuada: despacho en la sede de la ONG, dotes de dirección y elocuencia y visitas frecuentes a los clubs", lo que, según la policía, "hacía el resto". Asimismo, los extranjeros que acudían a Addiiex, además de pagar por trámites gratuitos, quedaban convertidos en socios de la ONG, lo que le suponía una cuota mensual de, según algunas fuentes, 10 euros, sin que quedase constancia de ningún pago.

DECLARACION VOLUNTARIA En este punto, la policía requirió una orden de registro, y con ella accedió el jueves pasado a la sede de la ONG, donde se incautó de material informático y documentos que están siendo analizados. Además, fueron detenidos Angel González y R. S., que prestaron declaración en comisaría hasta la madrugada.

Fuentes policiales señalaron que Angel González fue asistido en su declaración por el concejal emeritense del PP y abogado de profesión Gonzalo García de Blanes, quien también fue requerido para que declarase de manera voluntaria, ya que su nombre aparece en muchos de los documentos incautados a Addiiex, a lo que accedió. Dichos documentos serían, según las mismas fuentes, recursos presentados por la ONG contra las órdenes de expulsión de algún socio y que, en realidad, habrían sido redactados por González, quien, sin embargo, carecía de la acreditación necesaria para presentarlos ante las instancias correspondientes, lo que hacía obligatorio contar con un letrado en ejercicio para que estampase su firma.

La policía ha indicado a EL PERIODICO que la investigación sigue abierta, ya que las inmigrantes también tenían que pagar por estos recursos --que la mayoría de las veces sólo servían para demorar su expulsión durante unos meses-- cuando son, igualmente, gratuitos.

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