La ley de dependencia cambiará sustancialmente el actual modelo de atención y afectará de forma especial a las comunidades que, como Extremadura, presentan los índices más altos de población mayor.

Esta norma, ya en vigor aunque no se aplique hasta el mes de abril y que consagra el considerado cuarto pilar del Estado del Bienestar, se desarrollará de forma progresiva y cuando en el 2015 ya esté plenamente implantada garantizará protección, asistencia y derechos a más de 50.000 extremeños. EL PERIODICO EXTREMADURA responde algunas de las preguntas que pueden surgir sobre esta ambiciosa legislación.

¿Cuánto se va a invertiren la región extremeña?

Hasta la fecha no hay una cifra definitiva al respecto porque aún no se han cerrado los acuerdos entre el Estado y la comunidad autónoma, aunque está claro que la ampliación de servicios y el reconocimiento de nuevos derechos supondrá una fuerte inyección pública en este sector ya en auge en la región.

De momento las Administraciones cuentan con estudios previos y ya se ha anunciado que la financiación pública será compartida al 50% por el Gobierno central y el Ejecutivo extremeño.

Las primeras estimaciones realizadas por los técnicos de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura indican que durante la próxima década comunidad y Estado invertirán en la región nada menos que 830 millones de euros en programas de atención a la dependencia recogidos en la ley.

A esta cantidad hay que sumar proyectos ya en marcha pero que no están previstos en la norma, con lo que en el conjunto de esos 10 años la inversión pública alcanzará los 1.000 millones de euros.

¿Cuánto costará cadaaño el nuevo modelo?

Una vez que la ley se haya desarrollado totalmente, en el 2015, el coste del mantenimiento de los servicios para dependientes ascenderá en Extremadura a 355 millones de euros anuales, con un gasto medio de 568 euros mensuales por dependiente.

Sin embargo, no todo este dinero será aportado por las Administraciones. Uno de los puntos más polémicos de la norma, que deberá ser detallado a través de un reglamento, es el que se refiere al copago por parte de los usuarios. Se aplicará un modelo similar al que ya se usa en las residencias de ancianos de la región, estableciendo distintos tramos según el nivel de renta de las familias y los servicios utilizados. El Gobierno calcula que los usuarios asumirán aproximadamente un tercio del coste total (33%) y el resto (67%) correrá a cargo de las administraciones.

¿Cuántos extremeñosestarán protegidos?

A falta de que las comisiones de baremación y evaluación determinen los datos con exactitud, tanto la Consejería de Bienestar Social como el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales coinciden en que el 2015 la ley de dependencia protegerá y dotará a de derechos a más de 50.000 dependientes extremeños. A esta cifra hay que sumar los menores de tres años con problemas, incluídos a última hora a raíz de un acuerdo entre PP y PSOE.

Aún así, hay que tener en cuenta que durante este año solo se aplicará la norma a los 6.700 grandes dependientes que hay en la comunidad, mientras que el resto de las personas con dependencia se irán incorporando de forma progresiva según la severidad de su problema.

¿Se está haciendo algoya en la comunidad?

Extremadura es una de las regiones que más cumple en la actualidad lo previsto en la ley para los próximos años. Además, recientemente se aprobó el Plan Marco de Atención Sociosanitaria.

Este documento, en el que la comunidad venía trabajando en los últimos años, establece medidas de coordinación entre las consejerías de Bienestar Social y Sanidad para atender los casos que afectan a ambos departamentos, lo que ocurre con mayores dependientes o con los dependientes enfermos.

El desarrollo de este plan está previsto en tres años y una vez completado el proyecto se destinarán cada año 18,2 millones de euros a los conciertos de 3.300 plazas. Los primeros de estos conciertos ya han sido aprobados.