El Servicio de Defensa de la Competencia (SDC), organismo adscrito al Ministerio de Economía, ha incoado un expediente cuya resolución marca que 15 autoescuelas de la provincia de Badajoz y la propia asociación provincial de autoescuelas pacenses han vulnerado la normativa sobre libre competencia al pactar los precios de sus servicios. Ahora, este expediente está en manos del Tribunal de Defensa de la Competencia, que será quien imponga la sanción correspondiente, que en el caso más extremo podría llegar a los 900.000 euros.
El asunto sobre el que se ha pronunciado el SDC surgió hace más de dos años, en noviembre del 2001, cuando la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) hizo público un informe que incluía a las dos asociaciones provinciales y a 39 autoescuelas de la región porque detectó que más del 90% de estos centros presentaban precios unitarios para zona geográfica en la que se encontraban y sospecharon que podría haber acuerdos para fijarlos. Esto contraviene el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, que prohibe que se emitan pautas de homogeneización de precios, y privar así al consumidor de su derecho de elección para asegurar unos beneficios mínimos.
LOS DOCUMENTOS Además de examinar el coste de la matrícula y de las prácticas en 49 autoescuelas de 12 ciudades, miraron los estatutos de las asociaciones. En ellos, se citaba entre sus fines "participar en la regulación de precios y costes" y se estipulaba como falta muy grave "la vulneración de las tarifas aprobadas, suponiendo esta infracción la baja temporal o definitiva en la Asociación Provincial o incluso en la federación nacional".
Dicho informe fue remitido como denuncia a la Dirección General de Consumo, que se declaró no competente, y al SDC. En su primera resolución, en septiembre pasado, este servicio exoneró de posibles prácticas contrarias a la libre competencia a las autoescuelas cacereñas, apuntando que existían diferencias --aunque a veces de menos de un euro-- entre sus precios.
En el caso de las autoescuelas pacenses, la documentación era contundente, con contratos donde figuraban precios recomendados unitarios y los propios estatutos de la asociación provincial, que marcaban sanciones a las autoescuelas que no impusiesen los precios marcados.
El dictamen fue recurrido por la UCE, alegando que los precios se habían variado en Cáceres tras conocerse su informe.
Ante la falta de pruebas, el Servicio de Defensa de la Competencia dió recientemente su respuesta definitiva: volvía a quedar acreditada la infracción sólo por parte de las autoescuelas de Mérida y Badajoz, y de su Asociación Provincial, y se archivaban las denuncias contra Cáceres.
