Alicatadores, albañiles, electricistas,... así hasta alcanzar 15.000 profesionales. Es la cifra de personas que estaban empleadas en el sector de la construcción extremeño y que han perdido su empleo en los dos últimos años. Ahora, una proporción no desdeñable de ellos han visto en las pequeñas obras y reformas en negro una salida para poder seguir ganándose la vida.
Este aumento de la economía sumergida es una tendencia que confirman en las tres principales asociaciones empresariales extremeñas de la construcción. "Los piratas han existido siempre en este sector, aunque con la actual coyuntura económica el problema se ha agravado", indica José Luis Iglesias, gerente de la Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción de Cáceres (Pymecon). "La economía sumergida está creciendo de una forma alarmante y está haciendo mucho daño", coincide Carlos Izquierdo, presidente de la Federación Empresarial de Empresarios de la Construcción de Cáceres (Fecons). "Creemos que sí está aumentando", señala también Teresa Bardají, gerente de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Badajoz (Apdecoba).
Conforme a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en el primer trimestre del 2008 había 60.000 extremeños empleados en el sector de la construcción. Menos de dos años después (tercer trimestre de este año), la cifra había caído un 25%, hasta los 45.000. "Buena parte de este excedente de mano de obra trabaja ahora en negro ", apunta Pedro Pérez, gerente de la Fundación Laboral de la Construcción de Extremadura, que calcula que la economía sumergida casi se ha duplicado dentro de la construcción extremeña durante los dos últimos años, pasando de suponer en torno al 12% de su actividad hasta alrededor del 20%.
Pérez apunta que su principal caldo de cultivo suelen ser las pequeñas obras --"alicatar un baño, pintar o cambiar una puerta", enumera--, pero que en ocasiones se acometen otros trabajos de mayor entidad, como "la reforma y rehabilitación" de inmuebles o la "construcción de segundas viviendas en el campo, que tienen una demanda creciente".
El gerente de la fundación laboral resalta, además, que no se trata solo de una cuestión "de impuestos" ya que este fenómeno también afecta negativamente a la seguridad laboral y a la calidad en las construcciones.
Respecto al primer aspecto, asegura que los niveles de siniestralidad son mayores en estas obras, aunque los accidentes no aparezcan después en las estadísticas laborales --"No se considera un accidente laboral porque no hay una relación laboral contractual", aclara--. En cuanto al segundo, esgrime que "un albañil no está capacitado para hacer un muro de carga o una cimentación". "Son obras sin proyecto, si visar, que no respetan las normas sísmicas. Las casas se agrietarán si no se hacen bien los cimientos o un muro puede caérsete encima", remacha.
José Luis Iglesias se queja también de que estos trabajadores ejercen "una competencia desleal. No afrontan gastos de prevención de riesgos laborales ni de Seguridad Social". "Piden un adelanto para pagar los materiales, pero aparte de eso apenas tienen costes", añade Iglesias, por lo que las empresas legales lo tienen difícil para competir en precios. Eso sí, el gerente de Pymecon recuerda que se trata de obras que no cuentan con ningún tipo de garantía, "algo que los clientes también deberían tener en cuenta".
En esta línea, Pedro Pérez incide en que en un mercado, el de la reforma y la rehabilitación, en el que ya de por sí han disminuido los precios, la economía sumergida presiona aun más a la baja: "Llegan a ofrecerse estos trabajos por la mitad de precio", estima.
"Si tienes que pagar un 18% de IVA y los costes medios de Seguridad Social son del 30%, pues ahí ya tienes un 50%", sostiene Carlos Izquierdo. En su opinión, "esto se persigue si se quiere. Basta con que, cada vez que se vea un contenedor delante de una vivienda, se suba y se compruebe si se está dado de alta". Desde Fecons ya se han comenzado a presentar denuncias ante la Inspección de Trabajo. En el último mes y medio han presentado "entre 15 y 20 denuncias". "A nadie le gusta denunciar, pero si esto sigue así, la situación será insostenible. No puede ser que te llamen de un pueblo diciéndote que de siete obras que hay, seis son ilegales. Solo se persigue a las empresas que están en regla" dice Izquierdo, que pide también "un poco de conciencia ciudadana, que nadie olvide que las empresas que cotizan son las que permiten que otros perciban prestaciones sociales".
Por su parte, Miguel Angel Rubio, secretario general del sindicato MCA-UGT, limita los efectos que puede tener la economía sumergida en la construcción. Rubio cree que, aunque la crisis la haya hecho crecer, fundamentalmente a través de parados a los que "se les van agotando las prestaciones de desempleo", esta no pasa de un "5% o 6% del volumen económico del sector".
Tampoco piensa que estos trabajadores se embarquen en obras de envergadura: "Un albañil al uso no tiene los elementos necesarios para construir: andamiaje, hormigoneras,.... Siempre tiene que haber algún pequeño empresario". En este sentido, considera que cuando se habla de economía sumergida en la construcción se trata o bien de "pequeñas chapucillas " o de empresas que "tienen la mitad de trabajadores dados de alta y la otra mitad no". Esta última circunstancia se da con más frecuencia, añade, en el ámbito rural, "donde es más difícil el control de la Inspección de Trabajo y de los sindicatos".
