La Consejería de Educación cubrirá las bajas por jubilaciones del próximo curso con los interinos que dejen de dar clase al estar afectados por los recortes motivados por el aumento de la jornada lectiva de 18 a 20 horas semanales para los profesores de Secundaria. Los ajustes recaerán directamente sobre "entre 450 y 470 interinos, pero no va a afectar directamente a este colectivo porque se atenderá también a las jubilaciones", señaló ayer en la Asamblea el secretario general de Educación, César Díez Solís. La jornada lectiva se mantendrá para los maestros de Infantil y Primaria, 25 horas semanales, y provocará "que haya más de 10.000 horas a disposición del sistema educativo", comentó. Además, un docente de baja debe ser sustituido a los 10 días lectivos, algo que la consejería piensa hacer con las plantillas existentes en los centros, con aquellos que no cubren las 25 horas en Infantil y Primaria y las 18 en Secundaria. "Son los propios directores de los centros los que nos dicen sobran tantos profesores, porque hay algunos que trabajan dieciséis horas en lugar de veinticinco o doce en lugar de 18 en Secundaria, y eso ayudará a cubrir las bajas", explicó. Sin embargo, para PSOE e IU, la reducción del profesorado junto con otros recortes mermará la calidad educativa y provocará un sistema para clases medias y bajas y otro para familias pudientes.

Lo cierto es que, según los datos aportados ayer por la consejería, de cara al próximo curso han confirmado ya su jubilación 300 docentes, de los 530 que pueden hacerlo al cumplir la edad necesaria para ello antes del 31 de agosto. Atendiendo a ese dato, se podrían cubrir todas las jubilaciones confirmadas ya con esos 470 interinos afectados por los recortes; pero no serían suficientes si todos los que están en disposición de hacerlo deciden jubilarse.

Por otro lado, Díez Solís insistió en que la Junta "no va a cambiar la ratio de alumnos de manera significativa" ya que en la mayoría de los centros no llegan a 25 alumnos en Primaria y 30 en Secundaria, dijo, ni se van a suprimir Centros Rurales Agrupados (CRA) ni modalidades de bachillerato, pese a que "hay algunos centros rurales agrupados que tienen seis alumnos en Primero y ocho en Segundo el próximo curso".

Sin embargo, sí se va a actuar respecto a la racionalización del gasto. En este sentido, señaló que habrá unificación de grupos en aquellos que tengan pocos alumnos. "Habrá que unir un grupo con once alumnos y otro con doce para crear uno solo", manifestó a modo de ejemplo.

CRITICAS DE LA OPOSICION Sin embargo, las explicaciones del secretario general de Educación no convencen a PSOE e IU. Víctor Casco, diputado de IU-Verdes-Siex, aseguró que "hay desasosiego e intranquilidad entre los 450 o 470 profesores interinos que se verán afectados por los recortes, y las familias de los alumnos, porque habrá menos docentes y más alumnos, y eso afectará a la calidad de la enseñanza".

Además, considera que con las jubilaciones no se resuelven los recortes porque "el 1 de septiembre no se van a jubilar 450 o 470 profesores, tendrán un plazo". Asimismo cree excesivo esperar diez días para cubrir una baja porque si se cuenta el fin de semana son 15 días sin clase o con un profesor que no da la asignatura en cuestión. "En diez días se enseña mucho, tema y medio, y eso afecta a la calidad de la enseñanza".

A este respecto, Díez Solís, recalcó que "ningún profesor va a implantar materias para las que no están acreditados"; y argumentó que las bajas podrán ser cubiertas por aquellos docentes que no cubran todas las horas lectivas estipuladas. Todo esto, reiteró, se conocerá mejor al final de esta semana, cuando se cierren las plantillas.

Desde el grupo socialista, la diputada Ignacia Ruiz aseguró que esos recortes "supondrán un retraso de más de 40 años en el sistema educativo extremeño", y considera que el decreto "no es coyuntural" sino que que a provocar que se implante "un modelo educativo para las clases medias y bajas y otro para las clases pudientes". A este respecto, recordó los recortes en las ayudas a las familias para el préstamos de libros y la supresión de las subvenciones para el transporte escolar en Bachillerato y Formación Profesional. En opinión de los socialistas, "es preciso iniciar un proceso de diálogo social" para minimizar el impacto de estas medidas.

Por el contrario, para el PP las críticas tanto del PSOE como de IU suponen una "irresponsabilidad absoluta" y obedecen a "crear un clima de desasosiego y de incendiar las calles".