En marzo del año pasado el director general de Consumo y Salud Comunitaria, Pedro García Ramos, anunciaba que la Junta estaba ultimando el decreto regional que debía desarrollar la ley antitabaco. Ya entonces, señaló, existía un borrador en el que se trataba de cumplir un doble objetivo: "Aquilatar algunos aspectos de la ley que están más dudosos" y "adjudicar competencias".
En cuanto a la primera parte, García Ramos indicó que el decreto extremeño debía aclarar "aspectos que la ley deja de forma más ambigua", como era el caso de la definición de las zonas útiles o los locales en los que se pueden contemplar excepciones. Lo que sí estaba claro, añadía, es que "en ningún caso se permitirá fumar en el trabajo" como se ha intentado hacer en otras comunidades.
Este punto de "aclaraciones" no aparece en el decreto publicado ayer, que se refiere solo a la determinación de "los órganos competentes" en materia de control, inspección y sanción.
