Revés judicial a la gestión administrativa y urbanística de la Junta con posibles consecuencias sobre la que quizás sea la iniciativa turística de mayor calado en la región. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha anulado el decreto y el Proyecto de Interés Regional que ha permitido la construcción de Marina Isla de Valdecañas, un macrocomplejo turístico de alto nivel que está prácticamente terminado tras una inversión superior a los 120 millones de euros para urbanizar la isla del embalse cacereño de Valdecañas.
Pero lo más importante de la sentencia no es solo que se anule el proceso administrativo que declaró prioritario este proyecto. Sino que además el fallo obliga a los demandados --la Junta de Extremadura y la promotora, Marina Isla de Valdecañas S. L.-- a devolver los terrenos a la situación en la que se encontraban antes de que se aprobara el PIR, en el 2007. Sobre el papel, esto supondría el derribo de todo el complejo turístico y de ocio, que actualmente incluye dos hoteles de cuatro y cinco estrellas --en estado de construcción muy avanzado--, 185 chalets, campo de golf y numerosas instalaciones deportivas.
Sin embargo la sentencia todavía no es firme. La Junta de Extremadura y la empresa responsable del proyecto tienen 10 días --a contar desde que el fallo les fue notificado; en este caso, el jueves día 10-- para presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La administración regional ya ha anunciado que interpondrá este recurso y el consejero de Fomento, José Luis Quintana, ha lanzado un mensaje de tranquilidad, convencido de que la actuación se ajusta a la legalidad y que por tanto las instalaciones ya construidas no se verán afectadas por esta resolución judicial.
Por su parte, Ecologistas en Acción, que fue la organización que presentó la demanda, ha anunciado que solicitará a la Junta y a la Confederación Hidrográfica del Tajo que ordenen a la promotora el "cese inmediato de las obras y la restitución del espacio a su estado anterior". No obstante, si la administración recurre, será el Tribunal Supremo el que tenga la última palabra sobre qué ocurrirá con Marina Isla de Valdecañas.
LOS ARGUMENTOS DEL TSJEx La sentencia del TSJEx, dictada el miércoles por su Sala de lo Contencioso Administrativo, declara nulo el decreto que aprobó el PIR de Marina Isla de Valdecañas. Este decreto recibió luz verde en el Consejo de Gobierno de la Junta el 10 de abril del 2007, aún con Juan Carlos Rodríguez Ibarra como presidente autonómico. La decisión del tribunal se apoya en argumentos vinculados a la gestión administrativa y la legalidad urbanística del proyecto. Nada dice de impactos ambientales de las obras en el entorno --los terrenos afectados están comprendidos dentro de un área protegido por su valor natural y catalogado como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA)--.
En concreto, los magistrados de esta sala entienden que la Junta no justificó suficientemente la decisión de catalogar esta iniciativa empresarial como PIR ni tampoco su utilidad pública o de interés social. De esta forma, ni el decreto ni el proyecto se adecuan --según la sentencia-- a la figura jurídica del PIR, dado que éstas acciones se conciben para políticas de vivienda de promoción pública, mientras que en este caso se trata de una iniciativa
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