El presidente de Extremadura, el popular José Antonio Monago, ofrece un acuerdo presupuestario a Izquierda Unida, cuyo portavoz, Pedro Escobar, recoge el "guante" del dirigente autonómico y se compromete a retirar su enmienda a la totalidad si el gobierno acepta captar entre 135 y 140 millones de euros de ingresos extras para dedicarlos a políticas sociales y economía social.
José Antonio Monago ha tomado la palabra en el debate del parlamento extremeño para responder al ofrecimiento anterior que Pedro Escobar hizo al consejero de Economía, Antonio Fernández, quien a su vez consideró que no sería él mismo sino el propio presidente autonómico la persona idónea para responder.
Monago ha comenzado señalando que su gobierno ha recibido una situación "heredada" de los gobiernos socialistas de Zapatero y de Fernández Vara.
Sobre este último ha apuntado que "se han gastado" hasta el 31 de diciembre de 2013 los fondos europeos destinados a creción de empleo, centros sanitarios y centros educativos. "Han hipotecado el futuro de Extremadura y quieren darnos lecciones", ha setenciado Monago en alusión al PSOE extremeño.
Además, ha acusado a Fernández Vara estar "preocupado por su futuro político y no por el futuro de los extremeños". "Está pensando en su congreso", ha apostillado en alusión al cónclave de los socialistas extremeños que tendrá lugar en marzo de 2012.
Tras esta exposición incial, Monago ha ofrecido a IU "trabajar" por el cobro de la deuda histórica y por la enajenación de patrimonio público para obtener recursos que se dedicarían a las políticas sociales que la formación izquierdista coloca entre sus prioridades.
En respuesta a Monago, Pedro Escobar ha asegurado que no le importaría "tumar los presupuestos" del PP, pero "no quería la prórroga" de los de 2011. "Entre Guatemala y Guatepor me quedo en Honduras, no quiero la prórroga", ha señalado el portavoz de IU, quien ha perfilado su propuesta final al gobierno extremeño.
Esta propuesta pasa pro un compromiso del ejecutivo para consignar 100 millones de euros del cobro de la Deuda Histórica a la "personas que están en emergencia social", a "las familias que no legan al 1,5% del salario mínimo" y a quienes "han agotado todas las prórrogas de subsidios", sin perjuicio de que a lo largo de 2012 se establezca un salario básico. Otros 35-40 millones de la venta de vivienda pública se deberían dedicar a las fórmulas de economía social que funcionan en la región, como las cooperativas.
