La falta de algunos servicios de tratamiento o diagnóstico en la región obliga cada año a más de 7.500 extremeños a emigrar a otras comunidades autónomas para ser curados, ocasionando costes añadidos al sistema sanitario regional.
Esta cifra supone casi el 7% de los extremeños que necesitan ser hospitalizados. Del total, el 77% son derivados a hospitales de la red pública, mientras que el resto va a clínicas privadas.
Según los presupuestos del SES para el 2003, los extremeños que serán tratados fuera de la región supondrán un gasto de 20,7 millones de euros.
Además del coste, un informe realizado por Beatriz González y Rosa María Urbanos, de las universidades de Las Palmas y Complutense de Madrid, respectivamente, para la Sociedad Española de Salud Pública y Administraciones Sanitarias, indica que el modelo que se ha mantenido hasta ahora puede entrar en crisis al desaparecer el Insalud con las transferencias sanitarias a todas las regiones.
En el documento se reconoce que no es viable que todas las comunidades tengan una cartera de servicios completa "en pro de la eficiencia", por lo que el sistema de desplazados seguirá produciéndose. Sin embargo, las autoras del estudio se preguntan si los pacientes de otras regiones accederán a las listas de espera en pie de igualdad con los de la comunidad donde esté el hospital de referencia.
LA ADVERTENCIA
Como toque de alerta ante lo que puede suceder, se pone como ejemplo lo que ocurre con los trasplantes. Según el análisis realizado, "la equidad no queda garantizada", ya que son proporcionalmente más los pacientes que viven en zonas con oferta propia de trasplantes que acceden a estos servicios que los que residen en otras regiones.
En el futuro, y si no se articula un sistema de cooperación, el panorama apunta a que podría darse el caso de que "las comunidades emisoras" sean discriminadas en función de su poder de negociación, y se creen "listas de espera separadas por lugar de origen de los pacientes".
Por ello, se apunta a la creación de la integración de redes interregionales de atención, que superen el debate de si se debe optar por una coordinación central a través del ministerio o por acuerdos bilaterales o multilaterales de las comunidades autónomas.
