Un error administrativo vuelve a empantanar los proyectos para la construcción de los trazados extremeños de la autovía del Levante y la que unirá Badajoz con Córdoba y Granada. El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino ha interrumpido la evaluación ambiental en ambos casos debido a que el Ministerio de Fomento no ha realizado uno de los pasos que exige la legislación para aprobar este tipo de obras. Se trata de la fase de consultas a las administraciones públicas afectadas.

De esta forma las dos autovías entran en punto muerto a la espera de que Fomento ejecute la parte del proceso que se ha saltado, según han confirmado fuentes del Ministerio de Medio Ambiente.

La primera en encallar en este punto de la tramitación ha sido la futura autovía Badajoz-Córdoba-Granada, que será bautizada como A-81 y que está previsto que entre en funcionamiento en el año 2020. Los expedientes del tramo entre Badajoz y la localidad cordobesa de Espiel están paralizados desde principios de junio. En esas fechas, los técnicos de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del ministerio que dirige Elena Espinosa detectaron un error en el procedimiento y detuvieron el proyecto. El día 12 de ese mes se comunicó a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, que es la responsable de la futura infraestructura, que para seguir adelante con la evaluación ambiental debía realizar las consultas pertinentes a las distintas administraciones afectadas --entre ellas la Junta de Extremadura y la de Andalucía-- para recabar los informes correspondientes. Desde entonces nada nuevo se ha sabido de este proyecto en Medio Ambiente, mientras que Fomento guarda silencio.

Algo similar ocurre con el trazado de la futura Autovía del Levante --denominada como A-43-- entre el municipio extremeño de Torrefresneda --dependiente de Guareña-- y la localidad de Puertollano, en Ciudad Real. Esta infraestructura, que comunicará Extremadura con la Comunidad Valenciana, es la segunda vez que inicia la evaluación ambiental y la segunda vez en un año que se interrumpe. En esta ocasión, al igual que con la A-81, porque tampoco se han realizado las consultas pertinentes a las administraciones, como exige la ley.

DOS SEMANAS PARADA En este caso, Fomento solo reconoce que remitió la documentación del proyecto a Medio Ambiente el pasado 22 de julio para iniciar la evaluación ambiental. Pero en el departamento de Elena Espinosa concretan que los trámites se detuvieron el 31 de agosto, cuando se envió una comunicación a la Dirección General de Carreteras para que realice las consultas y aporte la documentación exigida. Según fuentes de este mismo ministerio, no existe ningún plazo establecido por ley para este procedimiento, por lo que su tramitación se puede retrasar tanto como Fomento se demore en obtener estos informes.

A partir de ese momento, cuando Medio Ambiente tenga toda la documentación, dispondrá de tres meses para emitir las declaraciones de impacto ambiental. Si éstas son favorables, Fomento podrá comenzar a licitar los trabajos para construir ambas infraestructuras. Aunque todo se puede alargar si se ponen condiciones ambientales a los proyectos o se exige más información. Si la declaración es negativa, el ministerio de José Blanco deberá replantear todo el proyecto y reiniciar toda la tramitación.