En agosto del 2002 el Ministerio del Interior reconocía un déficit de casi 300 agentes de la Guardia Civil en la región. Concretamente, y según un informe remitido al Congreso de los Diputados, hacían falta 287 guardias para cubrir las plantillas ´oficiales´. Mientras, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) defendía que hacían falta 500 policías nacionales en la comunidad.
En abril del 2003 el SUP denunciaba la falta de policías locales en determinadas localidades extremeñas, especialmente en Don Benito y Plasencia.
El 29 de enero del 2004 el portavoz parlamentario del PSOE, Luciano Fernández, anunciaba la presentación de una Proposición No de Ley --refrendada días después en la Asamblea de Extremadura-- por la que se instaba al Gobierno del Partido Popular a destinar a la comunidad 300 policías nacionales y 400 guardias civiles. Esta era la cantidad necesaria, según el PSOE, para completar las plantillas previstas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En octubre del 2004 la delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira, reconocía que el 11,5% de la plantilla de la Guardia Civil no estaba cubierta. Es decir, un déficit de 300 agentes que la Asociación Unificada de la Guardia Civil estimaba en cerca de 500.
