Desde septiembre, el Estatuto extremeño espera el visto bueno del Congreso, que en noviembre aprobó --con solo dos votos en contra (IU y UPyD)-- tramitar su reforma. Desde entonces, el plazo para presentar alegaciones se viene prorrogando para que los diversos partidos presenten sus alegaciones --fundamentalmente, cuestiones de forma, según fuentes parlamentarias-- y las debata e incorpore (si procede) la comisión encargada.
El atasco del Estatuto de Castilla-La Mancha, que llegó a la Cámara Baja antes que el extremeño, pero --a diferencia de este-- sin el consenso del PP y el PSOE, ha podido retrasar la aprobación de la norma regional, ya que se suele respetar el orden de entrada (aunque no es obligatorio). Pero la retirada de la propuesta manchega el mes pasado elimina ese supuesto obstáculo.
De hecho, se espera la posible entrada en vigor del Estatuto para este verano. PP y PSOE están cerrando los últimos flecos, tras un leve rifirrafe en abril cuando el presidente del PP, José Antonio Monago, advirtió que retiraría su apoyo si --como se rumoreó-- se recorta la petición de la deuda histórica y la Junta respondió preguntándole por las informaciones que afirmaban que el PP nacional eliminaría la relación bilateral Extremadura-Portugal.
