El Estatuto fija un ´canon´ para converger con el país y más autonomía municipal

Además, el nuevo texto habilita una mayor autonomía política y financiera a los ayuntamientos, establece los criterios para la financiación autonómica y la deuda histórica, y señala qué uso público se debe hacer de los recursos hídricos, entre otras cuestiones. Los grupos parlamentarios han destacado el consenso para llegar a este texto final. A.- Inversiones para igualar a la región con España

La disposición adicional primera, en su punto 1, recoge la necesidad de que el Estado destine en sus Presupuestos Generales "unas asignaciones extraordinarias de inversión que compensen la pérdida de oportunidades y permitan igualar la situación de los servicios en Extremadura con el nivel medio español". Además, el punto 2 de esta misma disposición pone las fechas en las que el Estado debe pagar la llamada deuda histórica a la Junta. Así, dice: "El importe total de tales asignaciones, calculado por la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales --formada por ambas administraciones-- en el primer año desde su constitución, habrá de transferirse a la hacienda regional en el plazo de tres años, sin perjuicio de la posibilidad de abonar anticipos".

Asimismo, refleja en la disposición segunda, punto 2, que para acelerar ese proceso de convergencia, y mientras el PIB por habitante de Extremadura se equipare con el nacional, "el Estado realizará inversiones complementarias por el equivalente al uno por ciento del PIB regional, sin perjuicio de las demás de otra naturaleza o fin previstas en el presente Estatuto". Teniendo en cuenta el PIB extremeño del 2008 (que fue de 18.158 millones de euros), esa cantidad estaría entre 180 y 200 millones de euros, según las cifras del INE y las que utiliza Europa para fijar la riqueza de las regiones.

Por otro lado, a la hora de fijar la financiación autonómica, el Estatuto destaca criterios propios como la baja densidad de población, la superficie regional en relación con la nacional, el envejecimiento, el menor nivel de renta, el peso del mundo rural y la población en situación de exclusión o pobreza.

B.- Fondos sin ataduras para los ayuntamientos

Los ayuntamientos extremeños recibirán recursos procedentes de un "fondo de finalidad incondicionada" que constituirá la comunidad autónoma, previa ley aprobada en la Asamblea, según establece la reforma del Estatuto de Autonomía. El artículo 60 del texto reformado, referente a la Hacienda local, expone que la "hacienda de las entidades locales de Extremadura se rige por los principios de suficiencia de recursos, solidaridad, autonomía y responsabilidad fiscal", al tiempo que "la Comunidad Autónoma de Extremadura velará por el equilibrio territorial y la realización efectiva del principio de solidaridad". Además, en el punto 2 del artículo añade que "con esta finalidad y mediante ley de la Asamblea, se establecerá un fondo de finalidad incondicionada, dotado a partir de los ingresos tributarios de la comunidad y que se distribuirá entre los municipios teniendo en cuenta, entre otros factores, su población, sus necesidades de gasto y su capacidad fiscal". Esto quiere decir que los ayuntamiento podrán destinar a lo que consideren oportuno fondos que les otorgue la Junta, y no, como hasta ahora, que esas partidas son para asuntos concretos como empleo, obras de infraestructuras...

Además, "la Comunidad Autónoma compensará necesariamente a las entidades locales cuando establezca medidas tributarias sobre hechos sujetos a la imposición local o cuando modifique cualquier tributo de percepción local que reduzca los ingresos de las entidades locales". Asimismo, los ayuntamientos podrán delegar en la Junta la aplicación de sus tributos y establecer con ella otras formas de colaboración en la materia.

C.- Uso racional del agua, pero... con garantías

Los poderes públicos extremeños "velarán por un uso racional del agua y por su distribución solidaria entre los ciudadanos que la precisen, de acuerdo con el marco constitucional de competencias y las prioridades que señala la ley, sin menoscabo de la calidad de vida de los extremeños, del desarrollo económico de Extremadura confirmado mediante estudios que garanticen las demandas actuales y futuras de todos los usos y aprovechamientos y sin perjuicio de las compensaciones a las que haya lugar". Así figura en el artículo 7.8 del nuevo Estatuto de Autonomía de Extremadura.

Este asunto fue una de las trabas que truncó que PSOE y PP llegaran antes a un acuerdo, sobre todo a raíz de la polémica surgida sobre un hipotético proyecto de trasvase desde Valdecañas al Levante, pero que quedó arreglado en "cuatro minutos" según dijo el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago tras confirmarse el consenso político. El lider popular y el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, entregaron ayer el texto del Estatuto al presidente de la Asamblea, José Antonio Monago, junto a los ponentes de ambos grupos políticos que lo han elaborado.

Esta controvertida cuestión de las existencias de agua en la región aparece en el puesto octavo de entre los veinte "principios rectores de los poderes públicos" que se describen el artículo 7 del texto estatutario, y entre los que también destaca la potenciación de las relaciones con Portugal.

D.- La región tendrá su 'Defensor del Pueblo'

Entre las nuevas figuras creadas con la reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura destaca la del "Personero del Común", que viene a ser una especie de Defensor del Pueblo extremeño. Tendrá su sede en la ciudad de Plasencia, según establece el artículo 48 del Estatuto reformado.

En el texto estatutario figura en concreto que "por ley de la Asamblea que regulará su régimen jurídico, se creará el Personero del Común como comisionado de la misma y con funciones respecto de las instituciones regionales similares a las del Defensor del Pueblo previsto en la Constitución".

Especifica asimismo el artículo dedicado a esta figura que la persona que la encarne deberá ser elegida por las tres quintas partes de los miembros de la Asamblea de Extremadura. Esta nueva figura en la comunidad extremeña ya existe en otras regiones españolas.

Por otro lado, el nuevo texto también añade la figura del decreto ley, y contempla otras instituciones además de la Asamblea, la Junta y el presidente de la Junta --fijadas en el actual texto estatutario-- tales como el Consejo Consultivo, con sede en Badajoz; el Consejo de Cuentas, ubicado en Cáceres; y el Consejo Económico y Social, fijado en Mérida. Estas nuevas entidades controlarán los aspectos jurídicos, financieros y socioeconómicos, respectivamente.