Las actuaciones en los palacios de congresos de Mérida y Badajoz han merecido un capítulo especial por parte del Tribunal de Cuentas. De este modo, se indica que en el recinto emeritense se incluyó una primera modificación de contrato por cambios en la cimentación que debería haber estado en el proyecto original. Además, se tarda año y medio en tramitar el expediente de modificado, demora más injustificada si cabe por tratarse de los cimientos (lo primero en ejecutar).
Asimismo, se conceden dos prórrogas que incrementan el plazo original de ejecución en un 61% (de once a 17 meses) sin que estén fundamentadas. Igualmente, los cambios en los cimientos suponen un incremento de 1,3 millones de euros en el presupuesto, que es un 20% de lo tasado inicialmente.
Posteriormente se realiza un contrato complementario para adecuar la fachada, mejorar la acústica del auditorio, instalar aire acondicionado y la fontanería y saneamiento. El tribunal no entiende cómo estas cuestiones no estaban en el contrato primitivo, ni desde la Junta se ofrece una explicación. Con ello, el plazo se incrementa en tres meses y el coste en 1,6 millones más.
Palacio de Badajoz
Tampoco se libra el Palacio de Congresos de Badajoz. Según el TC, se tramita un contrato complementario para fontanería, saneamiento, acometidas de gas y electricidad, climatización, vidrios, albañilería y pintura. El órgano fiscalizador indica: "La simple descripción de las unidades de obra de este contrato ponen de manifesto que eran obras absolutamente necesarias para la utilización del Palacio de Congresos e inseparables de éste, y por tanto no tenían la naturaleza de obras complementarias". Se añade que lo que existió fueron "significativas deficiencias en la elaboración o supervisión del proyecto originario, que debieron subsanarse antes de la adjudicación".
Estas actuaciones complementarias supusieron un sobrecoste de 1,6 millones y una ampliación de plazo del tres meses. Además, después se modificó de nuevo la obra, añadiendo 1,6 millones más y otros cinco meses de prórroga. Esto es, el coste originario aumentó en un 40%.
En todo caso, según el TC, la mala preparación de los contratos originales no fue patrimonio exclusivo de los palacios. El TC menciona que en la estación de agua potable de la Mancomunidad de la Serena se obviaron conducciones necesarias que luego debieron incluirse y que supusieron "una deficiente preparación del contrato originario", sin que se hayan demostrado "circunstancias que justifiquen su imprevisibilidad".
