La clave está en la residencia de ancianos El Padre Damián de la localidad de Plasenzuela. Es este centro de mayores el eje de la presunta trama de corrupción destapada en torno a ese ayuntamiento y dirigida por su exalcalde, José Villegas, y al que, en conjunto, se le atribuyen desviaciones de fondos que sumarían una cantidad aproximada a los 4,4 millones de euros, según han informado a EL PERIODICO fuentes cercanas a la investigación.En torno al centro de mayores del municipio --en el momento de los hechos gestionado por el ayuntamiento y ahora por una empresa privada que nada tiene que ver con este caso-- giran la mayoría de los fraudes y malversaciones de fondos públicos que Villegas, junto con el exconcejal Francisco Crespo y el secretario municipal Leopoldo Barrantes, (hijo del también secretario municipal de Marbella, imputado en el 'caso Malaya'), habrían cometido y por los que están imputados en la causa que en estos momentos instruye el Juzgado número 2 de Trujillo.Así lo ponen de manifiesto los resultados de la investigación que, a requerimiento de la Fiscalía Provincial de Cáceres, ha realizado a lo largo de un año la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Dirección General de la Policía en Madrid. Según los resultados de dicha investigación, Villegas se apropió de los dos millones de euros que sumaron la decena larga de subvenciones que entre los años 2004 y 2008 concedió la Junta de Extremadura al Ayuntamiento de Plasenzuela para el funcionamiento de la Residencia de la Tercera Edad.Y se los apropió cuando la residencia estaba gravada con una hipoteca de 1,4 millones, carga a la que el consistorio no hizo frente al quedarse el exalcalde con las citadas subvenciones, las cuales, entre otros destinos, deberían habese empleado en abonar el préstamo.Además de con las subvenciones concedidas al hogar, Villegas se habría quedado con las que por una cantidad total de 66.000 euros concedió también la Administración regional para la construcción en la localidad de un polideportivo municipal, que se encuentra en estado calamitoso. Por estos hechos al exalcalde de Plasenzuela se le imputa un delito continuado de fraude de subvenciones, que el Código Penal castiga con penas de entre uno y cuatro años de prisión, además de con una multa.EMPRESAS PARA MALVERSAR Las fuentes consultadas señalan que, además de quedarse con las subvenciones de la Junta destinadas a la Residencia, el exalcalde, el exconcejal Crespo y el secretario Barrantes, a través de tres empresas relacionadas entre sí dedicadas a servicios geriátricos, se habrían apropiado de más de 200.000 euros de los fondos municipales aparentando ventas de productos a ese centro de mayores y, en menor medida, al propio ayuntamiento. Una de esas facturas refiere que el centro compró en apenas cuatro meses productos de limpieza por valor de 32.000 euros. Ese dinero, durante varios años, lo habría ido ingresando el exalcalde de Plasenzuela en la empresa Arco Geriátrico, de la que es administrador único el exconcejal Crespo; en la empresa Geriex, también propiedad de Crespo; y en la empresa Imagen de Servicios Geriátricos, que Crespo compartía, al 50%, con Villegas. En todos los casos el procedimiento era el mismo: estas sociedades facturaban productos a ese centro sin que conste que la entrega de los mismos se hiciera en realidad. En estas ilícitas acciones también se imputa al secretario municipal de Plasenzuela porque muchas de las órdenes de pago las habría efectuado él como persona con firma autorizada, es decir, que habría actuado como medio para las presuntas apropiaciones de los fondos públicos.La investigación ha descubierto también que el secretario Barrantes es propietario de la empresa Gestión Social Extremeña, SL, una gestoría abierta en la ciudad de Cáceres que aparentemente facturó alrededor de 20.000 euros a Arco Geriátrico por servicios que no está acreditado que hiciera y que ésta pagó con dinero previamente sustraído al ayuntamiento. Barrantes también habría recibido dinero de la Residencia por trabajos de gestión. Ayer, este diario intentó contactar con Barrantes, quien no devolvió la llamada.DELITOS URBANISTICOS Esta presunta trama de corrupción ahora destapada y que habría orquestado durante años el exalcalde de Plasenzuela alcanzaría también al urbanismo, trama esta por la que estaría imputado en esta causa judicial Domingo Galán, que es a su vez alcalde de Torremocha, aunque la imputación en este caso lo sería en su calidad de constructor.Lo revelan así los resultados de la investigación llevada a cabo, según los cuales el exalcalde de Plasenzuela, de acuerdo con Galán, le habría abonado a este diversas cantidades con cargo a los fondos de su ayuntamiento por obras públicas del consistorio que le adjudicó sin cumplir ninguno de los trámites legales, como sacarlos a licitación o subasta. Ambos están acusados por ello de un delito de fraude en las contrataciones públicas, que el Código Penal castiga con penas de entre uno y tres años de prisión y la inhabilitación para empleo o cargo público de seis a diez años.Además, entre los hechos ilícitos que Villegas habría cometido en relación con el urbanismo figuran, según ha podido saber este diario, que se concedió a sí mismo (la ley exige inhibirse en asuntos propios o de familiares) la licencia para construirse dos viviendas adosadas, edificaciones para las que no contaba con los correspondientes informes ni del técnico ni del secretario, y que además iba a levantar en suelo que era rústico. Y se le acusa, asimismo, de haber concedido a un vecino la licencia para hacerse una piscina pese al informe desfavorable del técnico municipal y a que carecía del oportuno proyecto.El juzgado de Trujillo ha llamado mañana a declarar por este caso a Crespo Toril.