Algunos de los bufetes de abogados que representan a las empresas se mostraron ayer escépticos sobre la efectividad de la reforma laboral. Para Alex Valls, de Baker & McKenzie, la redacción de la causa económica de despido procedente "tiene la misma inseguridad jurídica que hasta ahora". Las empresas seguirán pagando 45 días --como un despido improcedente-- para acelerar el proceso y evitar la incertidumbre de la interpretación del juez.

La parte mejor valorada es el nuevo contrato de formación, una modalidad "atractiva" porque eleva hasta 24 años la edad de los beneficiarios y a la exención de cotizaciones, según José Antonio Fernández Bustillo, socio de Roca. Además, los arbitrajes en caso de desacuerdo sobre flexibilidad en las empresas pueden complicar los procesos por la elección de los profesionales que zanjarán los conflictos, según Juan Chozas, de Cusan Abogados.