Las administraciones con sede en Extremadura participan en un total de 84 empresas, que cuentan con capital público ya sea en mayoría o como socios minoritarios. De este total, 37 pertenecen a los ayuntamientos, 46 a la Junta y en otra participa la Universidad de Extremadura.

El proceso de creación de sociedades con fondos públicos ha seguido el camino inverso al desarrollado por el Estado, que en los últimos 15 años ha privatizado innumerables empresas, algunas de ellas con importante implantación en la región, como Telefónica, Endesa o Red Eléctrica Española.

Así, en esos mismos tres lustros, los ayuntamientos crearon 22 empresas y la Junta certificó su presencia en otras 45.

La principal causa aducida para explicar este crecimiento de las firmas de capital público en los últimos años es el incremento de competencias asumidas por las administraciones de la región en detrimento del Estado. Ello explicaría la necesidad de constituir sociedades para la prestación de servicios, el impulso industrial, la gestión urbanística o la asesoría.

Asimismo, se trataría de incidir en sectores en los que la iniciativa privada se muestra reticente a entrar por sí sola.

CONTROL Y DEUDA Sin embargo, los expertos apuntan a otras causas para justificar la proliferación de empresas con capital público. Entre ellas estaría la voluntad de agilizar algunas actuaciones, lo que motivaría la creación de sociedades que ya no dependiesen del derecho administrativo para sus actuaciones (contrataciones, adjudicaciones, etcétera) sino del derecho privado, que les exigiría menos en cuanto a requisitos como concurrencia o publicidad.

Otro motivo estaría, según los mismos expertos, en la intención de canalizar parte del gasto público a través de estas empresas. Así se intenta eludir las trabas de control del déficit, de manera que el endeudamiento se derivase a dichas sociedades sin lastrar el presupuesto.

Como ejemplo, baste señalar que según un reciente informe del Banco de España, la deuda de las empresas públicas dependientes del Ejecutivo regional se incrementó en el último lustro un 500%, alcanzando los ocho millones de euros, lo que supone el 0,1% del Producto Interior Bruto (PIB) de la región.

Del mismo modo, y también por razones de límites legales al endeudamiento, se habrían constituido firmas que pudiesen acceder a sistemas de financiación vetados para la Administración. Este sería, por ejemplo, el caso de Gasmer, formada por la concurrencia de capital público del Ayuntamiento de Mérida, que se quedó con el 51% del capital, y un socio privado.

De esta forma, el consistorio pudo, a través de esta firma, pedir los créditos necesarios para acometer unas inversiones que no hubiera podido solicitar como ayuntamiento, si bien la entrada de un socio privado no era condición necesaria para lograr estos préstamos.

Una derivación importante de la creación de firmas públicas es la situación de los trabajadores. Según Juan Luis Lancho, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios y Administraciones Públicas (FSAP) de COOO, "los trabajadores están sometidos al convenio de la rama donde se adscriba la empresa, y no al de la Administración".

SIN TRABAS Así, se evitarían condicionantes a la hora de contratar como los del acceso a un puesto en la Administración, y las condiciones de estos empleados serían distintas de las de los trabajadores públicos.

Lancho señaló que en ocasiones se impulsan estas empresas para suplir la falta de iniciativa privada o para que el beneficio de determinadas actividades, como los suministros básicos de agua o electricidad, quede en manos públicas. "El problema es cuando la Administración entra en una empresa para relanzarla y luego queda en manos privadas, con lo que se habría reflotado esta empresa con dinero público y, una vez en marcha, es el sector privado el que la gestiona", indicó.

Finalmente, el representante de FSAP-CCOO comentó que las administraciones optan por crear sociedades para poder acceder a subvenciones que como Administración no lograrían. .