Las distintas fuerzas políticas extremeñas --a excepción de Izquierda Unida-- coinciden en que no es urgente ni prioritario acometer una reforma del Estatuto de Autonomía pese al debate que han abierto otras comunidades como Cataluña y País Vasco. Lo urgente, señalan, es reformar el Senado para que se convierta en una auténtica Cámara de representación territorial y delimitar nuevos cauces en las relaciones entre las diferentes Administraciones. Eso sí, reconocen que la comunidad deberá estar atenta a los cambios que aprueben otras regiones en la medida en que éstos puedan afectar al actual marco autonómico.
LAS RELACIONES El vicepresidente de la Junta de Extremadura, Ignacio Sánchez Amor, explica que el Ejecutivo "no siente una urgencia inaplazable para reformar el Estatuto", puesto que la gran discusión en estos momentos no debe ser el techo competencial, "sino el sistema de relación". Además, previamente debe resolverse la financiación municipal, un asunto "vinculado a la reforma de los estatutos" y del que depende el funcionamiento del sistema.
En su opinión, dentro del plano puramente autonómico "no funciona el sistema de relación", es decir, cómo se relacionan las comunidades autónomas entre sí, con el Gobierno central y con las instancias europeas. "Esta es la parte que hay que modificar urgentemente", y en este apartado se engloban asuntos de tanto calado como la Conferencia de Presidentes, la reforma global del Senado o la representación de las comunidades autónomas en las negociaciones europeas.
Y es que Sánchez Amor insiste en que Extremadura no tiene "problemas identitarios" ni precisa nuevas competencias, aunque tampoco podría aceptar que otras regiones aborden en sus reformas estatutarias puntos que condicionen el sistema de relaciones o las cuestiones financieras. "En ese caso Extremadura tendría mucho que decir", añade. Así, cada cual puede reformar su Estatuto en el sentido que mejor le parezca "pero que no se toque la arquitectura general del sistema".
Por lo que se refiere al Senado, la Junta entiende que "no está haciendo el papel que podría hacer y es una convicción cada vez más asumida" por todos los partidos, puesto que "sólo es una Cámara redundante". Sobre los miedos que rodean la reforma de la Constitución, tiene claro que "después de 25 años hay motivos para darle un primer repaso y adaptarla a las realidad".
DIALOGO Desde el Partido Popular, su presidente regional, Carlos Floriano, coincide con Sánchez Amor en que reformar el marco estatutario "no es una prioridad". Aún así, afirma que si algún partido plantea cualquier cambio en este sentido están "dispuestos a hablar y dialogar" siempre que se especifique "qué se quiere hacer", una tesis que también extiende a los posibles retoques de la Constitución. También se muestra dispuesto a rediseñar el Senado "siempre que se planteen mecanismos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos".
Más importante es, en su opinión, abordar de forma decidida una nueva descentralización que delegue en los ayuntamientos competencias autonómicas, algo que según él comparte con el socialista Jordi Sevilla pero "de lo que Rodríguez Ibarra no ha querido saber nada". Este traspaso debería ser el fruto de un sosegado proceso de negociación para garantizar que se haga con la suficiente dotación económica y en aquellos municipios que lo deseen, siguiendo pasos similares a los que se dieron durante el traspaso de competencias a la comunidad. "Ibarra no quiere saber nada de eso --añade-- porque prefiere repartir el dinero de forma arbitraria".
Por otra parte, Floriano apunta que el principal problema radica en que "el Gobierno ha abierto la discusión sin decir hacia dónde quiere ir", llegando al punto incluso de que "cada portavoz socialista tiene su propio criterio".
REFORMISTA Víctor Casco, coordinador regional de Izquierda Unida, se muestra como el más reformista de todos. En su opinión, el Senado no debe ser reformado, sino suprimido, y se debe reforzar el Estatuto de Autonomía de Extremadura para alcanzar un techo competencial similar al del País Vasco, de forma que la región pueda diseñar su modelo económico.
Casco parte de que la Constitución y los estatutos de autonomía "se pueden modificar si la sociedad así lo quiere", y después de más de 25 años de democracia "hay nuevas necesidades que no se recogen en nuestros textos legales".
La clave está en que el debate sobre estas reformas no se circunscriba al ámbito político y llegue a toda la ciudadanía. Para Casco, una vez que la Constitución estableció las comunidades de dos velocidades ha llegado el momento de igualar la tabla. En concreto, opina que el Estatuto de Autonomía debe reformarse "para permitir la entrada de esas competencias que ya tienen otras regiones y poder diseñar incluso nuestro propio marco económico y establecer relaciones económicas con otras comunidades". Para ello debería abordarse un debate lo más amplio posible y en que el participasen también los ayuntamientos.
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