Extremadura iniciará en sólo unas semanas el proceso para reformar su Estatuto de Autonomía con la convocatoria de la Comisión de Expertos como primer paso. Un trabajo que, si se cumplen los plazos marcados y las negociaciones entre PP y PSOE llegan a buen puerto, debe concluir en el 2009 con la aprobación del nuevo texto por parte del Parlamento autonómico.
De momento ya se conocen algunos aspectos de lo que será el nuevo Estatuto extremeño, e incluso se perfilan algunos de los puntos que pueden llegar a abrir un conflicto en su negociación. Lo que dejaron claro en su reunión previa tanto el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, como el presidente regional del Partido Popular, Carlos Floriano, es que el texto extremeño tendrá una doble característica: será "rabiosamente" constitucional; y "nuevo", es decir, que no tomará como referencia ninguno de los estatutos autonómicos que se han planteado en España durante los últimos tres años.
Aunque en varias ocasiones los líderes de los dos partidos políticos con representación en la Asamblea --y cuyo acuerdo es necesario para que el Estatuto salga adelante-- han admitido que no se trata de una prioridad para la región, sí que han apostado por la renovación de una norma cuyo espíritu se remonta a 1983 y que "no refleja" la Extremadura del año 2007.
LAS NUEVAS CLAVES En cuanto a su contenido, el presidente extremeño ya ha adelantado en los últimos meses algunas de las claves que quiere introducir en el nuevo texto estatutario. Así, ese nuevo retrato de la comunidad incluirá las relaciones y la cooperación con Portugal, algo que ahora únicamente se menciona de pasada en el Estatuto.
Además, se potenciará el reconocimiento de la igualdad efectiva entre el hombre y la mujer en la región, se hablará de la cooperación al desarrollo y se incluirán las relaciones de la comunidad en el seno de la Unión Europea, algo especialmente importante una vez que el Gobierno central ha abierto la puerta a la participación de las comunidades autónomas en las cumbres europeas.
Por último, Fernández Vara ha avanzado que pretende que esta norma marco regional contemple el "respeto a la diversidad sexual", un punto que --visto lo ocurrido en España en los últimos años tras la aprobación del matrimonio entre homosexuales-- podría ser origen de conflicto entre los representantes populares y socialistas.
Pero esa foto de la Extremadura del siglo XXI irá más allá, puesto que el presidente de la Junta quiere que se incluyan nuevos derechos para los extremeños tales como el uso de las nuevas tecnologías en las aulas o la habitación por enfermo en los hospitales. De esta forma, estas medidas estarían garantizadas en la región a largo plazo independientemente del partido que esté en el gobierno en cada momento histórico.
SIN MAS COMPETENCIAS Y es que esta reforma no persigue --como las de otras comunidades-- asumir nuevas competencias actualmente en manos del Estado. Entre otras cosas porque aún no se han alcanzado los límites marcados por el actual Estatuto y porque la región ha llegado, prácticamente, a su techo competencial.
De hecho, el único traspaso pendiente es el de la Administración de Justicia, que en teoría debía completarse en esta legislatura pero del que no ha vuelto a hablarse --al menos públicamente-- tras la salida de Juan Fernando López Aguilar del ministerio. Este posible traspaso ya está recogido en el Estatuto vigente. Otras competencias no asumidas son la del servicio meteorológico o los trazados ferroviarios íntegramente regionales, y tampoco se ha llegado nunca a ejecutar la denominada cláusula de la deuda histórica .
Además, el texto estatutario recoge algunas medidas e instituciones que aún no se han puesto en marcha a pesar de que han cumplido ya ocho años (la última reforma se efectuó en 1999). Es el caso del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, la ley de consultas populares y la de cesión de servicios y competencias a los ayuntamientos.
