Extremadura es una de las comunidades autónomas con mayor tasa de obesidad severa. Esto es, personas que sobrepasan los límites del sobrepeso --establecido en un Indice de Masa Corporal de 30--, tienen un índice superior a 35 y sufren una serie de patologías asociadas como la diabetes y enfermedades cardiovasculares. Este problema lo arrastra la región desde hace años, junto con Andalucía, Canarias y Galicia, y que va en progresivo aumento, pese a las redundantes campañas preventivas que se vienen haciendo a lo largo del año a través de distintos colectivos. En todo el país la obesidad severa afecta a más dos millones de personas en todo el país.

Pero esta situación va a más. Según el doctor Xavier Formiguera, presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad Severa (Seedo), el problema, a pesar de ser preocupante, no hace más que aumentar cada día, y lo que es más grave, a edades tempranas. Cuestiones de tipo socio-cultural, ligadas con la forma de alimentarse, están detrás de esta variación, según Formiguera. Estos datos que maneja la Seedo son temporales, puesto que según asegura a este diario, "sospechamos que la prevalencia de la obesidad está aumentando", añade. De momento, para comprobarlo con cifras habrá que esperar hasta los resultados del nuevo estudio que tienen en marcha.

Aparte de la enfermedad severa de carácter más o menos grave, aproximadamente el 50% de la población del país presentan sobrepeso u obesidad. En Extremadura esta situación en superior que la media nacional y afecta al 57% de los hombres y el 41% de las mujeres, según los últimos datos de la Encuesta Nacional de Salud. En cuanto a la tasa de sobrepeso y obesidad infantil es también ligeramente superior a la media nacional, situándose cercana al 29%. Según un estudio extremeño publicado por una conocida revista de cardiología, el 9,5% de los niños extremeños son obesos, el 9,13% a nivel nacional.

Esta alta tasa de obesidad infantil, que más preocupa a los especialistas, tiene una enorme trascendencia en términos de salud, esperanza de vida e impacto económico --por ejemplo en el 2002, se calculó que los costes asociados a la obesidad sumaban unos 2.500 millones de euros anuales, lo que representa, aproximadamente, el 7% del gasto sanitario total--.

Para intentar frenar esta situación, sin excesivo éxito a juzgar por la creciente evolución del problema, la Consejería de Salud y Dependencia lleva a cabo desde hace años, dentro del Plan Marco de Educación para la Salud, diversas campañas frente a la obesidad infantil y juvenil, con la colaboración de farmacias, centros educativos, sanitarios y de mayores, así como asociaciones juveniles y establecimientos comerciales. En la actualidad está en marcha la quinta campaña contra la obesidad que comenzó en otoño y se estructura en diversas acciones como la emisión en los medios de mensajes que promuevan la alimentación y la práctica regular de ejercicio físico, así como charlas sobre alimentación y compra saludable y la realización de un trayecto segura para recorrerlo andando, corriendo o en bicicleta dentro de su localidad. Más de 30.000 niños y 2.000 docentes han ya participado en ediciones anteriores.

SEGUNDA CAUSA DE MUERTE La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la tendencia creciente a la obesidad y el sobrepeso como una auténtica epidemia del siglo XXI y la segunda causa de muerte evitable en el mundo occidental.

Con esta situación, motivada según los expertos por la globalización de los intercambios comerciales y los movimientos migratorios, los cambios en las preferencias de consumo alimentario y en la nutrición de los ciudadanos, se plantean problemas nuevos que exigen soluciones legislativas también nuevas. Para ello, las ministras de Sanidad y Política Social y de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, dieron a conocer a primeros de mes el anteproyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que unifica en una sola norma toda la legislación de alimentos y nutrición con el objetivo de reforzar la seguridad de los ciudadanos en materia alimentaria, que además reforzará la lucha contra la obesidad. Asimismo, recoge los riesgos nutricionales y su incidencia en la salud, y tiene en consideración riesgos sociales, de integración o de discriminación, relacionados con la seguridad y la nutrición.

La futura ley de nutrición que se aplicará a los comedores de colegios, guarderías e institutos vigilará que se de una alimentación saludable a partir del 2011. Los alimentos con altos contenidos en sal, grasas saturadas y azúcares estarán prohibidos. El objetivo de esta nueva normativa es intentar que la comida que no cumple con los criterios saludables definidos por la Organización Mundial de la Salud se encuentre lejos de los menores, para así poder evitar que el problema de la obesidad sigue aumentando como hasta ahora.