Extremadura rechaza el modelo de Estatuto planteado por el Parlamento de Cataluña. Una idea en la que coinciden las fuerzas políticas con representación en la Asamblea extremeña. El uso del término nación y las singularidades del modelo de financiación que plantea Cataluña son los principales argumentos de crítica a la propuesta catalana. Sobre este asunto, el presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ya dejó claro que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "jamás va a permitir que Cataluña sea una nación".
Desde las filas del PP ya se ha anunciado que presentará en la Asamblea una proposición en contra de su aprobación e instando a la Junta de Extremadura a que actúe al respecto. Aunque coincide en las críticas, el PSOE extremeño asegura que sus diputados adoptarán una postura cuando el texto catalán llegue a las Cortes mientras que IU coincide que debe ser en el Congreso y el Senado donde se ponga freno a las intenciones soberanistas de Cataluña. "Un Parlamento autonómico no es competente para entrometerse en las decisiones de otra institución de su mismo rango", considera Víctor Casco, coordinador de IU.
En declaraciones a E. Press, el portavoz del PSOE extremeño, Francisco Fuentes, abogó por "desdramatizar" la situación actual y recordó que las Cortes Generales es un organismo autónomo y "no está atado de pies y manos" a una decisión del Parlamento catalán. En este sentido, recordó que el Gobierno central siempre ha considerado que un Estatuto de Autonomía no puede establecer el modelo de financiación. "Se discute si la financiación es buena o no, pero un Estatuto de Autonomía no puede establecer de forma unilateral la financiación autonómica".
En el PP la postura es más tajante. Su presidente regional, Carlos Floriano, dijo que su partido "rechaza tajantemente" la reforma estatutaria en los términos aprobados por el Parlamento de Cataluña ya que lo consideran "inconstitucional" y "perjudicial" para la comunidad. Ante esta situación, Floriano abogó por crear una comisión que estudie la conveniencia de reformar el Estatuto extremeño.
Para IU, el debate actual es una "excusa" para plantear un sistema de financiación distinto que rompa la actual distribución de la renta, en función de las necesidades de la población, para incorporar una modelo condicionado al número de población y la comunidad.
