«No hay remedio, va a haber recortes». La frase la pronunció el pasado martes el comisario europeo de Programación Financiera y Presupuestos, Günther Oettinger, durante una conferencia en el Parlamento Europeo en Bruselas ante miembros de parlamentos nacionales de la UE. Oettinger se refería así a los ajustes que los 27 van a tener que afrontar con el fin de tapar el agujero presupuestario que dejará el ‘brexit’ y de atender las necesidades que genera la llegada de nuevas prioridades de gasto común, como son las de seguridad o las derivadas de la gestión del flujo migratorio.

Aunque Oettinger aseguró que los recortes serán «razonables», esto es algo que los primeros planteamientos que van trascendiendo no dejan tan claro. De inicio, la Comisión Europea ha esbozado tres posibles alternativas a la hora de meter la tijera tanto en la política de cohesión como en la Política Agrícola Común (PAC). El primero de ellos no supondría modificaciones mientras que los otros dos se traducirían en importantes recortes, en un caso del 15%; en otro, de alrededor de un tercio.

Extremadura es la comunidad autónoma española que más se juega en las negociaciones que comenzarán tras la presentación de la propuesta de la Comisión el próximo 2 de mayo. Por un lado, en el periodo 2014-2020 es la única autonomía española considerada como ‘menos desarrollada’ (por debajo del 75% del PIB europeo medio), lo que le hace estar en el grupo de regiones más beneficiadas por las ayudas de la política de cohesión. Por otro, aunque en términos absolutos no es la que más dinero se embolsa de la PAC (le superan Andalucía y las dos Castillas), sí que es, de forma destacada, la que más percibe per cápita en pagos directos, con alrededor de 500 euros por habitante. En total, la comunidad autónoma viene recibiendo de Europa una media de en torno a mil millones de euros anuales.

Javier Ferri, profesor de Análisis Económico de la Universidad de Valencia e investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) incide en que aún es pronto para pronosticar cuál será la magnitud del ajuste aplicado por Bruselas. Entre otras cosas, apunta, por el complicado proceso de negociación que se avecina. No obstante, sí considera que la salida de Gran Bretaña de la UE y las «nuevas preferencias que se han puesto sobre el tapete» acabarán traduciéndose «en algún recorte» en los montantes que perciben las regiones españolas.

Ferri es uno de los autores del estudio ‘El impacto de los fondos Feder (2014-2020) sobre el crecimiento y el empleo de las regiones españolas’, publicado por Fedea. Los datos que aporta este trabajo dejan bien a las claras la importancia que tienen estos ingresos para la economía de algunas comunidades autónomas españolas, con Extremadura a la cabeza.

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) supone algo más de la mitad de los fondos de cohesión que vienen a España. En el caso de Extremadura, en el periodo 2014-2020 se recibirán unos 1.500 millones de euros. Por cada uno de esos millones que se invierten en la región, se generan «aproximadamente entre nueve y diez empleos».

«Las inversiones del fondo Feder tienden, en general, a crear más empleo y aumentar más el PIB per cápita en las regiones más pobres y con mayores tasas de desempleo», se explica en el mencionado estudio. De esta forma, en Extremadura el crecimiento del empleo derivado de las inversiones realizadas entre el 2014 y el 2020 sería del 5,3% al final del periodo, mientras que en Madrid, Navarra o el País Vasco, las regiones españolas con menores tasas de paro, la mejora prevista atribuible al Feder ronda el 0,5%. La media española se sitúa en el 1,4%.

PIB PER CÁPITA / En la misma línea va la tendencia del PIB per cápita anual, de manera que en Extremadura esta variable crecería en esos siete años en 1.600 euros gracias a estas aportaciones (en torno a un 10% del total), más que en cualquier otra región. En un escenario en el que se suprimieran estos fondos completamente, precisa Ferri, la región dejaría de crecer en un importe equivalente.

En el extremo contrario está Madrid, donde serían solo 188 euros de incremento. Un diferencial que «es muy interesante, porque lo que nos dice es que el efecto redistributivo de los fondos Feder se está produciendo. Que aquellas regiones menos favorecidas son las que más se están aprovechando de ellos y en las que más están contribuyendo realmente al proceso de convergencia». «Todo esto se paralizaría en el caso hipotético extremo de que se dejaran de percibir», resume.

Por lo que respecta a la Política Agrícola Común (PAC), en el 2016, último ejercicio con datos cerrados, los pagos directos contabilizados por el Fondo Europeo de Garantía Agraria (FEGA) rondaron los 540 millones de euros, que fueron a parar a 58.755 beneficiarios. Desde el 2000 han llegado a la región alrededor de 9.600 millones de euros por este concepto, más de la mitad del PIB extremeño anual.

La trascendencia que han tenido las ayudas comunitarias para el campo extremeño está fuera de toda duda. La integración de España en el proyecto común europeo a mediados de los ochenta supuso un auténtico punto de inflexión para el sector primario regional. «Creo que desde el ingreso de España en la CEE, la agricultura extremeña experimenta los mayores cambios y transformaciones de su historia. La aplicación de la PAC supuso para Extremadura el comienzo de un proceso de desarrollo en su agricultura y comportó su adaptación a la realidad de tener que competir en un mercado de productos agrarios mayor y más complejo», sostiene Francisco Pulido, catedrático de Economía Aplicada de la Escuela de Ingenierías Agrarias de la Universidad de Extremadura. «Desde 1986 Extremadura se benefició de las ayudas regionales de los fondos estructurales Feder, FSE y Feoga-Sección Orientación con el nivel máximo de apoyo comunitario, que contribuyeron a mejorar notablemente las estructuras productivas de Extremadura», agrega.

El peso del sector primario en términos de PIB o de empleo es proporcionalmente muy superior en Extremadura al que tiene de media en el resto de España. «Si se produjera un recorte importante en las ayudas agrarias, Extremadura sería, en proporción, la comunidad autónoma española más perjudicada», recalca Pulido. Los 575 millones de euros de subvenciones percibidos en el 2016 por los agricultores extremeños, argumenta, representaron el 38% de la renta agraria de Extremadura. «El escenario de reducción del 30% de las ayudas sería catastrófico pues supondría una caída de la renta superior al 11%», concluye.

El impacto de una disminución generalizada de las subvenciones sería distinto en cada actividad agraria en función de su dependencia de las ayudas. El porcino, por ejemplo, «quizás fuese uno de los pocos sectores agrícolas extremeños que no se vería afectado», precisa Pulido. Sin embargo, contrapone, «muchas explotaciones agrarias extremeñas, fundamentalmente pequeñas y medianas y en sectores como los cereales, de invierno o de primavera, están en los últimos años asumiendo beneficios muy bajos, e incluso pérdidas, por lo que las ayudas de la PAC están siendo un auténtico salvavidas para su mantenimiento». Una previsión que también podría aplicarse a «muchas explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino» de la región, para las que «una reducción de las ayudas podría ser ‘la gota que colme el vaso’ para su continuidad».

No solo se complicaría el futuro de muchas explotaciones, sino el del medio rural en su conjunto. «En casi todos los pueblos extremeños se vive por y para la agricultura, por lo que la vitalidad del medio rural se resentiría notablemente si se recortan sensiblemente los dos pilares en los que se sustenta la PAC [junto a los pagos directos a los agricultores y la gestión de mercados, el otro pilar es el desarrollo rural]», apostilla este catedrático.

COOPERATIVAS / También esta misma semana las cooperativas han mostrado su preocupación ante lo que supondría un recorte en los fondos de la PAC. Durante la reunión que mantuvieron el miércoles con la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, los miembros del Consejo Rector de Cooperativas Agro-alimentarias de España defendieron una PAC ‘post 2020’ bien dotada presupuestariamente al tiempo que rechazaron cualquier «renacionalización» (que pase a depender de cada Estado miembro) que rompa con las reglas del mercado único.

En este encuentro, las cooperativa apuntaron que una reducción del presupuesto de la futura PAC supondría para España una posible merma de entre 900 y 1.800 millones anuales —teniendo en cuenta los escenarios restrictivos que se han barajado hasta ahora—, sin contar con la rebaja prevista para las políticas de cohesión.

Para el presidente de esta entidad cooperativa, Ángel Villafranca, la PAC necesita de un presupuesto suficiente para cumplir con sus cometidos y no debe tolerarse que «se vayan quitando porciones» del cheque agrícola para sufragar las políticas de defensa, de respuesta a los refugiados e inmigración u otros capítulos, que también son necesarios, pero con «fondos propios».

En este contexto, abogó por que el régimen de pago único siga siendo «una columna vertebral» en el diseño de la futura PAC, pero que sirva «para que haya producción» y que esta, además de sostenible medioambientalmente, sea competitiva.