Galicia, Navarra, Cataluña y Castilla-La Mancha son comunidades autónomas que recogen de una manera o de otra normas de buenas prácticas de la administración pública. Ahora Extremadura se une a este grupo en la fijación de criterios generales para definir, entre otros aspectos destacados, las retribuciones de los altos cargos públicos o los precios de referencia de sus vehículos oficiales.
La primera región en hacerlo ha sido Galicia, y se recoge en la Ley de Transparencia y Buenas Prácticas en la Administración Pública, aprobada en junio del 2006.
