Según el informe más riguroso realizado hasta la fecha, elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales, la economía sumergida supone en la región el 21% de la producción total, y se ha duplicado en sólo diez años.
Para desgracia de las extremeñas, este fenómeno, que trasciende ya la consideración de precariedad laboral para encuadrarse en la semiesclavitud, se ceba especialmente en empleos con mayor presencia femenina, como el servicio doméstico, la confección o la industria textil.
De este modo, y según los datos del CES, dos de cada tres empleos sumergidos son ocupados por mujeres, mientras que en la economía legal las extremeñas apenas ocupan el 30% del total de puestos de trabajo.
Además, el CES hace mención a un estudio de Cáritas donde se apunta que, en Extremadura, casi la mitad de las mujeres que trabajan de forma remunerada lo hacen en la economía sumergida, lo que daría que aproximadamente 100.000 extremeñas trabajan sin contrato. En el caso de los hombres, la proporción se reduce hasta la cuarta parte, es decir, unos 70.000 extremeños estarían en esta situación.
El despido como solución
La cuestión va más allá de lo que supone ocupar un empleo sin garantías, derechos, cobertura o prestaciones, y, según apunta el consejo, es la causa de enfermedades y accidentes que no figuran en ninguna estadística oficial. Así, el CES indica que "estas actividades conllevan empleos frágiles e inestables, con largas jornadas de trabajo, condiciones insalubres, carencia total de derechos sociales y laborales, etcétera. Todos estos aspectos repercuten en la salud y se traducen en accidentes y enfermedades que pocas veces son comunicados a la autoridad laboral, y que se solucionan por la vía del despido".
En cuanto al perfil de la mujer que está en la economía sumergida, el estudio señala que los índices más altos de irregularidad se dan en mujeres casadas cuyo marido tiene un empleo legal.
Esta situación es explicada por el hecho de que, ante un ingreso regular por parte del cabeza de familia, la situación laboral al margen de la ley es más aceptable , como fuente secundaria de ingresos.
En otro apartado, el CES se ocupa de volver a poner sobre la mesa un debate no resuelto: el reconocimiento, más allá de la declaración de intenciones, de las labores domésticas que recaen mayoritariamente sobre las mujeres.
Sin reconocimiento
Se argumenta, de un lado, que esta dedicación les resta posibilidades de promoción laboral y acceso al propio mercado, y, de otra, que dichas tareas constituyen un elemento fundamental en la organización social.
Por ello, el consejo manifiesta que dichas labores deben dejar de ser "un trabajo invisible", aludiendo a los estudios que reclaman que "su publicidad y reconocimiento social y económico como vía transformadora, en el sentido de otorgar derechos a las personas que lo desarrollan en exclusividad: las amas de casa".
