Cientos de afectados en Extremadura por la presunta estafa cometida por las sociedades Afinsa y Fórum Filatélico acudieron ayer a las organizaciones de consumidores y usuarios de la región para iniciar los procedimientos necesarios que permitan poner en marcha posibles actuaciones judiciales contra estas dos sociedades.

De momento, la Unión de Consumidores de España (UCE), la Asociación de Consumidores y Usuarios de Extremadura (Acuex) y la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros (Adicae) tan sólo están recogiendo la documentación sobre las operaciones realizadas por los clientes extremeños con estas dos empresas y elaborando un listado de afectados, ya que insisten en que hay que esperar hasta conocer qué tipo de situación procesal se deriva de todo lo que ha ocurrido.

Las asociaciones de consumidores se mostraron ayer sorprendidas por la cantidad de personas que solicitaban información y que, en algunos momentos, llegaron a colapsar las líneas telefónicas. Según los datos aportados a este diario por las direcciones regionales de Afinsa y Fórum Filatélico, cerca de 20.000 extremeños --Afinsa tiene más de 16.000 clientes y Fórum Filatélico 3.000-- han realizado algún tipo de inversión en estas sociedades, principalmente en sellos y servicios similares a los planes de pensiones y de estudios.

Sólo los clientes de Afinsa realizan una inversión media de 66 euros mensuales, con lo que el movimiento anual ronda los 13 millones de euros, a los que habría que sumar las operaciones que llevan a cabo los clientes de Fórum Filatélico.

Javier Rubio, responsable de UCE Extremadura, hizo un "llamamiento a la calma" e insistió en que el objetivo de la organización es "personarse con todos los afectados" en una posible actuación judicial "para intentar sacar el máximo posible", pero señaló que "hasta que no se levante el secreto del sumario no sabemos qué va a ocurrir".

Sí quiso dejar claro que "los afectados deben tener en cuenta que las personas que trabajan en las sedes de estas sociedades no tienen culpa de lo que ha ocurrido y muchos de ellos también tienen invertidos sus ahorros y los de sus familias".

También desde Acuex señalaron que el objetivo es poner en marcha una demanda colectiva, "aunque la forma en la que se hará se decidirá más adelante. Cuando tengamos al grupo de afectados y conozcamos qué ha ocurrido mantendremos una reunión con nuestro abogado para ver los pasos a seguir".

Por su parte, Adicae Extremadura aseguró que pretende crear una plataforma de afectados para realizar una demanda colectiva como la que llevaron a cabo con el caso Gescartera.

TRANQUILIDAD Mientras, las oficinas extremeñas de Afinsa y Fórum Filatélico continuaban ayer transmitiendo un mensaje de tranquilidad a sus clientes e insistían en que las inversiones están seguras. En este sentido, las sedes atendieron con normalidad a los clientes que se acercaron hasta ellas para pedir información e incluso para cancelar algunas de las operaciones que mantenían con estas sociedades.

Afinsa publicó un comunicado en el que pidió calma e incidió en que no ha realizado ninguna actuación ilegal. La sociedad confía en que el viernes pueda reanudar sus operaciones con total normalidad y aseguró estar capacitada para hacer frente a todos los compromisos contraídos con sus clientes. El comunicado señala que tienen la intención de cumplir con los contratos suscritos con sus clientes, según los plazos estipulados.

Por su parte, muchos clientes consultados ayer por este diario mantenían la esperanza de recuperar sus inversiones, aunque desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se advertía de que los afectados lo tendrán "difícil". No obstante, la portavoz de la organización a nivel nacional, Iliana Izverniceanu, aseguraba que si se declara la quiebra técnica la Administración puede llegar a ser considerada responsable civil subsidiaria, por lo que se haría cargo de parte de la deuda.

"Si se declara la quiebra técnica lo único que se puede hacer como afectado es ponerse en la lista de acreedores", manifestó Izverniceanu a Efe.

De otro lado, el presidente nacional de Adicae, Manuel Pardos, indicó que la desregulación y descontrol que afecta al sector de la inversión debe "obligar moralmente" al Gobierno a ayudar a los afectados en caso de que no exista una fórmula legal de fondo de garantías que solucione el conflicto que se ha producido.

Pardos añadió que los abogados de Adicae estudian ya la situación y que puede que incluso el Gobierno esté obligado a ayudar a los afectados por otras razones más allá de las morales.