Unos padres de Almendralejo han logrado que se retiren los símbolos religiosos de las aulas de sus hijos. Hasta el momento han conseguido que en dos clases del colegio público Ortega y Gasset se supriman los crucifijos y cualquier otro símbolo religioso, pero entienden que también deben desaparecer del resto de espacios comunes.
Para ello han tenido que llegar a la vía judicial, y es un auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) el que ratifica la retirada. Esto, no obstante, no significa que los crucifijos hayan sido retirados por orden judicial, "pues la Administración regional y los padres que demandaban su retirada consiguieron antes llegar a un acuerdo", hacía constar ayer a este diario Raimundo Prado, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJEx que actuó como ponente en esta causa.
Recordó el magistrado cacereño que este caso se inició con una solicitud de los padres ante la Junta, a la que exigían la retirada de los crucifijos de las clases de sus hijos, así como de los símbolos religiosos en el resto de espacio comunes del centro, según los padres. La Junta respondió que esto era competencia de las autoridades educativas, del claustro de profesores, del propio colegio, y fue esta respuesta, negativa a su demanda, lo que motivó su decisión de acudir a la vía judicial. De la resolución, hecha pública ayer, pero que se remonta al 10 de septiembre, concretó Prado que ha sido "un auto en el que se verifica la legalidad del acuerdo que previamente habían adoptado padres y Administración".
Explicó el magistrado que fue en el mismo acto de la comparecencia en el que, basándose en el proceso especial de ´Protección Jurisdiccional de los derechos Fundamentales´, la Administración regional "accedió a la pretensión de la parte demandante" (los padres) y, una vez dado el consentimiento del fiscal sobre la legalidad del acuerdo, la Sala de lo Contencioso Administrativo "lo único que hizo fue dictar un auto verificando la legalidad del acuerdo adoptado". Este acuerdo abre una vía por la que quienes son partidarios de la retirada de los crucifijos de las aulas tengan garantías claras de conseguirlo, pero no significa que se oblige por ello a la retirada de los símbolos religiosos de todas las aulas del centro, según Prado. No lo entienden igual los progenitores. Entre sus peticiones, aceptadas por la Junta en el acuerdo previo y ratificadas por el magistrado, está la retirada de simbología en todas las zonas comunes del centro, y por esto los padres comprenden el resto de estancias del colegio "puesto que los niños se cambian de aula y en un centro público todas son comunes", dice Lorenzo Losada, uno de los progenitores.
SATISFACCION A MEDIAS Los padres de Almendralejo critican que hayan tenido que llegar al TSJEx para que la Administración regional atendiera unas peticiones que conocía desde diciembre del 2008 y ahora están "parcialmente satisfechos" con este desenlace, según Lorenzo Losada. El motivo es que "no se está aplicando el auto del juez" porque los símbolos religiosos desaparecieron a principios de curso de las aulas de sus hijos que tienen cinco y diez años, pero no del resto de estancias comunes del centro, y eso incluían sus demandas. "Sigue habiéndo imágenes y carteles referidos a la confesión católica, como los del Domun". Es por ello que su lucha continúa. "Hace cuatro o cinco días hemos pedido al abogado que solicite al TSJEx la ejecución del auto y estamos a la espera de que se cumpla en todo el centro", señala.
Aunque el acuerdo por las partes se verificó el pasado 7 de septiembre, tras un recurso contencioso-administrativo interpuesto en junio o julio pasado, estos padres llevan casi dos años defendiendo que "un colegio público es aconfesional porque así lo marca la ley". Sin obtener respuesta durante casi año y medio ni del centro ni de la Junta, Lozano critica que haya tenido que costarle "dinero y dolores de cabeza" que la administración educativa aceptase sus demandas. Estas incluían "no solo la retirada de los símbolos religiosos de las aulas de sus hijos y de espacios comunes, sino también no celebrar actos confesionales en horario escolar, que lo único que hacen es retrotraernos a los años 50 o 60", opina.
Según Losada, este proceso podría haberse resuelto, como se ha hecho en otras autonomías como Aragón o Andalucía, de forma sencilla y sin necesidad de recurrir al TSJEx, porque "siempre hemos estado abierto a dialogar" pero el problema es que la administración ha dejado pasar y hacer hasta que ha estado la justicia por medio". Ahora espera que se cumplan totalmente sus peticiones "aceptadas todas" y que esta experiencia sirva a otros padres "que no saben que hacer en esta situación". Además, en defensa de sus compañeros de profesión asegura que "estamos muy satisfechos con la enseñanza que se les a nuestros hijos en el centro".
PRECEDENTE EN EUROPA Este caso, único en Extremadura por vía judicial, marca un precedente, pero hay más en Europa. Así lo reseñaba el magistrado ponente en esta causa, en referencia a los precedentes en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Citó Prado como ejemplo una sentencia del pasado noviembre, en la que el tribunal europeo atiende la demanda de una madre italiana que pedía la retirada de los crucifijos "por ser contrarios al laicismo con el que pretende educar a sus hijos".
Las autoridades no habían atendido su demanda, "por entender el Gobierno que el crucifijo es un símbolo del Estado italiano", ni tampoco la justicia de su país, pero el TEDH le dio la razón basándose en el Protocolo CEDH (Convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales), cuyo artículo 2 establece que "el Estado respetará el derecho de los padres a asegurar la educación conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas". Y de no atender aquellas demandas "se estaría violando esta disposición".
