El debate sobre la financiación de la Iglesia católica suele ser un tema que genera controversia en algunos sectores sociales e incluso dentro de la misma Iglesia. Para entenderlo, es importante recordar que a finales del año 2006 el Gobierno de España y la Nunciatura Apostólica, mediante un intercambio de notas, establecen un nuevo acuerdo en el sistema de asignación tributaria a favor de la Iglesia católica, que en realidad no es un nuevo sistema de financiación, dado que éste está regulado desde 1979 en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos celebrado entre España y la Santa Sede.

El nuevo acuerdo estableció, entre otros puntos, que se eliminaran las aportaciones directas del Estado con cargo a los presupuestos generales, desapareciera la exención del IVA en la compra de bienes inmuebles y de objetos destinados al culto (únicos supuestos en los que estaba exenta), se incrementara el coeficiente de asignación en la Declaración de IRPF del 0,5 al 0,7% (coeficiente que se aplica tanto en la casilla de la Iglesia como en la de Otros fines sociales ) y una mejora en la memoria de gastos que viene entregando la Iglesia cada año. Todo este nuevo sistema se inicia en la Campaña de la Renta del ejercicio 2007, que se ha realizado este año 2008.

Por tanto la Iglesia Católica recibirá desde ahora, única y exclusivamente del Estado, aquella cantidad que sea el resultado de la voluntad expresada por los contribuyentes, católicos o no, en sus declaraciones. Son estas personas las que desean que una parte de sus rentas, de hecho la única parte sobre la que podemos decidir el destino, vaya a cubrir las necesidades de la Iglesia católica.

En cualquier caso, esta aportación que se recibe vía asignación tributaria supone únicamente una parte de los ingresos de la Iglesia católica, pues el montante más cuantioso se recibe vía colectas, cuotas y donaciones que realizan los fieles católicos, tal y como se demuestra en los balances que anualmente se publican en el Día de la Iglesia Diocesana.

Gracias a estos ingresos, la Iglesia se dedica a cuatro fines: apostolado, ejercicio de la caridad, sostenimiento del culto y mantenimiento del clero (Cf. Canon 1254). Si nos referimos a las cifras, los fines se concretan en España en 23.000 parroquias; 900 monasterios; numerosas órdenes y congregaciones; 13.000 hermandades y fundaciones; más de un centenar de hospitales; 128 ambulatorios; 876 casas para ancianos, enfermos y minusválidos; cerca de 1.250 orfanatos y centros tutelares. Además, mantiene 365 centros de reeducación social; 144 centros de caridad y sociales; 300 consultorios y centros de orientación familiar, así como cientos de colegios.

Desde esta realidad, los católicos debemos estar más que nunca empeñados en el sostenimiento de nuestra Iglesia, apostando, entre otras acciones, por la asignación tributaria. Porque, además, el concepto de sostenimiento es mucho más amplio que el de financiación o autofinanciación. Son muchas las entidades e instituciones presentes en nuestra sociedad que no se autofinancian, pero que sí logran su sostenimiento gracias a las aportaciones que, de una forma u otra, llegan del Estado, ya sea a través de la vía presupuestaria o a través de la asignación tributaria como es el caso, entre otros, de la Iglesia católica.

Este sistema, para terminar, facilita el compromiso con el sostenimiento económico de la Iglesia a aquellos fieles católicos que así lo deseen, así como a aquellas personas que, sin ser católicas, sí valoran, respetan y apoyan su labor social.