Ante el aluvión de críticas, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha decidido dar marcha atrás. Si el miércoles, cuando se conoció el alto el fuego decretado por ETA, pidió a los jueces que valoren "la nueva situación", cuando adopten medidas cautelares contra los dirigentes de Batasuna, ayer ratificó que el ministerio público pedirá el encarcelamiento del líder de la organización ilegalizada, Arnaldo Otegi.

Eso es lo que se desprendió de la reunión que mantuvo con el fiscal jefe en funciones de la Audiencia Nacional, Jesús Santos. A la salida, un portavoz del ministerio público informó de que el fiscal general no le había transmitido ninguna nueva instrucción respecto a la próxima comparecencia de Otegi, por los actos violentos ocurridos durante la huelga general convocada por la izquierda aberzale. Por tanto, aseguró el portavoz, la fiscalía mantiene la intención de solicitar prisión incondicional para el dirigente de Batasuna. Conde-Pumpido anunció el día 10 que basaba esta decisión en que Otegi ya está procesado por colaboración con banda armada y enaltecimiento del terrorismo.

Santos acudió a la Fiscalía General para comunicar a Conde- Pumplido que la comparecencia de Otegi se ha aplazado hasta el 29 de marzo. El máximo responsable de los fiscales aprovechó para preguntarle a Santos, uno de los fiscales más veteranos de la Audiencia, cómo se comportó la fiscalía de la institución durante la última tregua de ETA, en 1998. El entonces fiscal general, Jesús Cardenal, declaró que no se oponía a "dulcificar la política penitenciaria" si el Gobierno, entonces del PP, y oposición lo pactaban. También Santos, que entonces era número dos de la fiscalía de la Audiencia y hoy es jefe en funciones desde el cese de Eduardo Fungairiño, apostó por aplicar la ley teniendo en cuenta la realidad social ante un posible plan de paz.

COMPARECENCIA A pesar del comportamiento del ministerio público en el último alto el fuego, a Conde-Pumpido le llovieron ayer las críticas por su solicitud de que los jueces tengan en cuenta la nueva situación. El PP pidió su comparecencia urgente en la Comisión de Justicia del Congreso. Tanto el secretario general de los populares, Angel Acebes, como el presidente del PP, Mariano Rajoy, calificaron la instrucción de "disparatada". Para el primero, si se lleva a cabo, "sería tanto como negar el Estado de derecho". Rajoy explicó en la cadena Cope que será uno de los temas que tratará con el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, el próximo martes.

Pero los reproches no procedieron sólo de la oposición. El ministro de Defensa, José Bono, manifestó que las declaraciones del fiscal general no habían sido "todo lo prudentes que suelen ser siempre". Bono reiteró que en "democracia el único imperio es el de la ley", y no "las circunstancias políticas". También en el ámbito judicial hubo discrepancias. El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, recordó al fiscal que los jueces no se rigen por criterios políticos, sino en ajuste a las leyes.