La Fiscalía General del Estado ha trabajado arduamente en detallar las «decisiones y actos» que «a lo largo de los dos últimos años» han desarrollado «los principales responsables políticos de la Generalitat» contra los que se ha querellado por rebelión, sedición, malversación, desobediencia y prevaricación. El fiscal general, José Manuel Maza, confirmó ayer la presentación de dos querellas, una en la Audiencia Nacional contra el expresidente Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y el resto del depuesto Govern y otra, ante el Supremo, contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la mesa que la secundaron.

Para explicar la «crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia, con total desprecio a nuestra Constitución», que la fiscalía atribuye al Govern, la querella reproduce sus declaraciones públicas, noticias periodísticas y mails que realizaron desde la declaración soberanista que se aprobó el 9 de noviembre del 2015 hasta el pasado viernes cuando se declaró la independencia. Sostiene que la movilización ciudadana creó «la fuerza intimidatoria y violenta» en la que basa la violencia necesaria para que haya un delito de rebelión. Y califica lo ocurrido el 1-O de «levantamiento violento».

La querella contra el Govern, de 118 páginas, se dirige contra 14 personas, entre las que está Santi Vila, pese a que presentó su dimisión la víspera de la votación de la DUI. La de la mesa del Parlament incluye a seis, incluido Joan Josep Nuet, que votó contra la tramitación de la DUI, pero participó en desobediencias anteriores al veto impuesto por el Constitucional. La fiscalía defiende que como aforados sean juzgados por el Supremo, ya que parte de los delitos se cometieron fuera de Cataluña, como la compra de urnas desde China, y que los efectos, sobre todo económicos, se han extendido a toda España.

Pese a los continuos autos del Constitucional, «el Govern continuó impulsando las medidas necesarias para la creación de un Estado catalán independiente en forma de república valiéndose del poder que les otorgaba tener la mayoría absoluta en la cámara y reforzado por el apoyo de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium», afirma el fiscal. Y añade que «la actuación de los movimientos populares iba encaminada a crear en la ciudadanía un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado que justificaran la desobediencia de la sociedad para respaldar los fines independentistas».

Ya está en manos de la magistrada Carmen Lamela, que esta semana se encuentra de guardia en la Audiencia Nacional. Se da la circunstancia de que ella ya instruye una causa por sedición contra el exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana y los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Las querellas incluyen una petición para que todos los querellados comparezcan «con carácter urgente» ante el juez que corresponda para prestar declaración y decidir las medidas cautelares que puedan imponérseles, En caso de incomparecencia, «interesa la inmediata detención de los querellados». Además, solicita que, en concepto de responsabilidad civil, se imponga a los 20 querellados una fianza solidaria de 6,2 millones de euros para hacer frente a la condena que les puede ser impuesta en una futuro por el dinero malversado a lo largo del proceso.