Intentar acabar con la siniestralidad laboral es el fin del convenio firmado ayer por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) y los sindicatos UGT y CCOO. Por este convenio, sindicatos y fiscales se comprometen a intensificar y unir sus acciones y esfuerzos en la lucha contra los accidentes en el trabajo, que cada año, según las estadísticas, experimentan un incremento en Extremadura. "Se trata de poner cerco a los delitos de siniestralidad laboral y, sobre todo, a quienes los cometen, para evitarlos".

Así lo indicaron el fiscal jefe del TSJEx, Aurelio Blanco, y los secretarios regionales de CCOO, Julián Carretero, y UGT, Miguel Bernal, tras suscribir el convenio en el Palacio de Justicia de Cáceres, sede de la Fiscalía. En virtud del mismo, explicaron, la Fiscalía dará información a las centrales sindicales de cuantos procesos estén abiertos por motivos de siniestralidad y salud laboral, y los sindicatos, por su parte, utilizarán toda su infraestructura y red de delegados en las distintas empresas extremeñas para poner en conocimiento de la Fiscalía cualquier posible delito o indicio del mismo en la materia.

Y establece, asimismo, la creación de una comisión mixta que se encargará del seguimiento del acuerdo y que promoverá acciones de formación e información.

ACCIONES De forma previa a la firma del convenio, iniciativa que partió de la Fiscalía General del Estado hace un año y que por el momento solo Extremadura y la Comunidad Valenciana han suscrito, el fiscal-jefe del TSJEx ya designó hace algunos meses a dos fiscales específicos, Eliseo del Blanco en Cáceres y Juan Tejada en Badajoz, para que se encarguen de todos los casos que lleguen a los tribunales en materia de siniestralidad y salud laboral. Ambos fiscales, explicó ayer Blanco, mantendrán un estrecho y fluido contacto con los sindicatos para velar de la mejor forma posible por el cumplimiento de la Ley de Seguridad Laboral.

También ambos sindicatos ya habían planteado la necesidad de medidas urgentes para frenar la siniestralidad laboral. Los últimos datos ha llevado incluso a CCOO y UGT a reiterar la necesidad de que en Extremadura funcione un órgano autónomo de control para vigilar el cumplimiento de la Ley de Riesgos Laborales y al mismo tiempo ayude a frenar el crecimiento de los accidentes en el lugar de trabajo, más de 25.000 en el último año. En ese sentido, la Junta de Extremadura también firmará un convenio con el Ministerio del Interior para que los agentes de la Guardia Civil puedan colaborar en las tareas de vigilancia en el ámbito de la seguridad laboral en la comunidad.

POSITIVO Para el fiscal jefe del TSJEx la estrecha colaboración que fija el convenio "va a ser muy positiva" y aunque el objetivo es acabar con la siniestralidad, Blanco señaló: "si al menos conseguimos que se reduzca el número de siniestros, nos daremos por satisfechos".

Reconoció que no son muchos los casos de accidentes laborales que se transforman en procesos penales, "suelen quedarse solo en faltas", pero en su opinión "no es tan importante multar o meter en la cárcel al empresario que incumpla la ley como conseguir que la víctima o sus familiares sean resarcidos por el daño".

También el secretario regional de CCOO valoró "muy positivo unir los esfuerzos que antes se venían dando por separado, por parte de los sindicatos y por parte de la justicia". Para Carretero, "es fundamental tener tolerancia cero contra los empresarios que incumplan la ley", ya que estima que la mayoría de los siniestros laborales se producen por su incumplimiento. Y también el secretario regional de UGT estimó muy necesario reforzar la lucha contra la siniestralidad laboral, puesto que según indicó, a pesar de que hace 11 años que se aprobó la Ley de Seguridad Laboral, la siniestralidad sigue creciendo, como lo demuestra el 6% de incremento habido este año en la región.

Con este convenio, opinó, "se cierra el cerco en torno al delincuente", porque en la región, dijo, "hay miles de buenos empresarios que cumplen la ley y no deben temer nada, pero hay otros muchos que ponen en peligro la vida y la salud de los trabajadores, convirtiéndose en delincuentes que deben ser perseguidos y pagar por ello".