Hay analistas lusos que piensan que fue el Partido Socialdemócrata (PSD) el que perdió las elecciones legislativas del pasado mes de septiembre en Portugal; están convencidos de que no fue una victoria, como tal, del Partido Socialista. Y creen que el discurso que adoptó la candidata conservadora, Manuela Ferreira-Leite, alentando a rechazar el tren de alta velocidad porque suponía una injerencia de los intereses económicos españoles en la política portuguesa --entre otras cosas--, contribuyó a erosionar la imagen del partido, perder votantes y servir en bandeja de plata la reelección como presidente de la república a José Socrates.
Según Ferreira-Leite, a España no le interesaba una victoria del PSD porque este partido se había comprometido a parar la construcción del AVE Madrid-Lisboa, lo que supondría --según su versión-- poner en riesgo los fondos que Bruselas aporta al desarrollo del proyecto en territorio español y porque había varias constructoras españolas que se postulaban para construir los tramos portugueses de alta velocidad.
Seis meses después, las empresas españolas encabezan los primeros concursos lanzados para el AVE portugués, como se temía la candidata del PSD.
ACS, la compañía que preside Florentino Pérez, llevará a cabo el tramo entre la frontera portuguesa-española (en Caya) y Poceirao, un trazado de 167 kilómetros de longitud. En el proyecto también está incluida la construcción y posterior gestión durante 40 años de la nueva estación de Evora. Según informó el Ejecutivo luso en su momento --la adjudicación se resolvió a mediados de diciembre--, el importe total ascenderá a 1.700 millones de euros. ACS se ha hecho con este contrato a través de un consorcio en el que participan sus filiales Dragados e Iridium, y que completan la concesionaria lusa Brisa (de la que es segundo accionista Abertis, a su vez participada por ACS) y Odebrecht.
El grupo que preside el máximo mandatario del Real Madrid compitió por este tramo con otros dos consorcios también con sello español: uno de ellos estaba integrado por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y la italiana Impregilo, y el otro por Somague (filial lusa de Sacyr), la también portuguesa Mota-Engil y la francesa Vinci.
El resto del trazado
Actualmente el Ejecutivo luso está a punto de resolver el concurso para el resto del trazado, entre Poceirao y Lisboa (apenas 40 kilómetros) y comprende la construcción de un nuevo puente sobre la desembocadura del río Tajo (tendrá una longitud de unos 7 kilómetros). Y la española FCC, cuya principal accionista es Esther Koplowitz, parece que parte con ventaja en el proceso. Según la primera valoración de las propuestas, el consorcio Tave Tejo (que lidera FCC) ha obtenido la mayor calificación, muy por encima del resto de proyectos. En este sentido, su oferta económica ofrece un presupuesto de 1.870 millones de euros y un coste medio de mantenimiento (porque se incluye la conservación de las vías) de 10,7 millones de euros cada año. Por su parte, el grupo Altavia, liderado por la constructora portuguesa Mota-Engil y que ha logrado la segunda mejor puntuación, ha presentado una propuesta por 2.198 millones de euros para la construcción de la línea --300 más que FCC-- y algo más de 12 millones anuales para explotación y conservación.
A finales de esta semana está previsto que se dé a conocer la valoración definitiva, dado que durante los últimos días ha estado abierto un plazo de reclamaciones para las empresas concurrentes. La lusa Altavia, que al inicio de la tramitación ya acusó a FCC de saltarse algunos aspectos legales del concurso, anunció que solicitaba la revisión de las puntuaciones.
