Ni los mejores pitonisos lo habría podido augurar con tanta precisión. En enero del pasado año, el delegado del Gobierno, Oscar Baselga, aseguró que en la región había abogados y asesores que estafaban a inmigrantes, cobrándoles por un papeleo gratuito. Que se sepa, no se produjeron entonces detenciones, pero Baselga alertó de que "algunos desaprensivos se aprovechan y hacen negocio a costa de la inmigración, alargando trámites y pidiendo dinero para agilizar la tramitación, algo que es imposible".

Todo un anuncio de lo destapado el jueves, calco de lo dicho por el delegado del Gobierno, quien también se refirió a despachos de abogados y asesorías que cobran por permisos de residencia, cuando esta tramitación se hace gratis y sin necesidad de intermediarios.

Ahora, la investigación policial --que continúa en el juzgado, donde deben delimitarse responsables y responsabilidades-- revela que Baselga incluso se quedó corto: no sólo son abogados o asesores, aquí ha entrado en juego una ONG que, supuestamente, protegía a los más vulnerables.

Addiiex: no hay mafias

Aunque poco conocida, la ONG donde supuestamente se estafó a las inmigrantes lleva algún tiempo ejerciendo. De nombre largo y siglas complejas --Asociación para la Defensa de los Derechos de los Inmigrantes y su Inserción en Extremadura (Addiiex)-- tuvo un bonito gesto en diciembre del 2001.

Sus responsables, con Angel González a la cabeza, se personaron en la Delegación del Gobierno, en Badajoz, con 70 ramos de flores para agradecer a los funcionarios su diligencia en la resolución de otros tantos expedientes de regularización de extranjeros.

En aquella ocasión, paradojas de la vida, González declaró que no existían en Extremadura mafias de inmigrantes, y aportó como prueba el hecho de que su ONG no tenía trabas para trabajar en los clubs de alterne.

Este sector, el de los clubs que jalonan las carreteras de la región, y que se han convertido en el único y triste destino de muchas inmigrantes sin papeles engañadas demasiadas veces por ofertas de trabajo inexistentes, parece ser la especialidad de Addiiex.

No en vano, esta ONG volvió a aparecer públicamente en agosto pasado, para denunciar las órdenes de expulsión decretadas contra media docena de mujeres, que, según la propia organización, habían sido vendidas por una de esas mafias, las mismas que antes no existían para Addiiex, por 700 euros.

La ONG aseguraba además que las inmigrantes habían denunciado a los integrantes de la red de trata de blancas, que eran ocho, y, para mayor abundamiento "todos ellos de nacionalidad extranjera".